Sobre la propuesta de más contrataciones

Santa Cruz de Tenerife

Más de doscientos nuevos empleados públicos reclaman tres consejerías del Gobierno de Canarias. Y no se trata de las de Derechos Sociales, la de Sanidad o la de Educación, saturadas por la situación creada por la pandemia e incapaces de resolver las listas de la dependencia, las de la minusvalía, o la atención en centros de salud o colegios. No, esto no va de las consejerías sociales. Las que se quejan ahora son la de Transición Ecológica, la de Administraciones Públicas y la de Hacienda, que reconocen su incapacidad para poder gestionar los fondos europeos con el “poco” (dicen) personal que tienen, y amenazan con no ser capaces de hacer su trabajo si no consiguen el personal que piden. Un personal que el consejero Valbuena opina que deberá mantenerse al menos cinco años, dos más de lo que el Gobierno puede mantener los nuevos contratos de interinidad, so pena de ser multado. Con dinero que pagamos nosotros, claro.

Al final, va a resultar que los recursos Next Generation que nos ha prometido mandar Europa no van a servir para transformar esta región, como nos había prometido sandungueramente el presidente Torres, sino para colocar a más burócratas, porque los que ya hay no son capaces de mover los expedientes. Conviene recordar que cada vez que se contrata a más personal en la Administración pública, se encarece su coste de funcionamiento. La Administración canaria es de las menos productivas de España, un país cuya administración no es tampoco de las más productivas de Europa. Doscientos nuevos empleados –muchos de ellos empleados de nivel, ingenieros, biólogos, geógrafos…- podrían llegar a costarnos más de diez millones de euros más al año. No sé a ustedes, pero a mí me parece de un descaro extraordinario que en una situación como la que estamos viviendo, con decenas de miles de personas aún en Ertes, decenas de miles de autónomos y de pequeñas empresas en la práctica ruina, sin saber si acabarán el año, y aún a la espera de que el Gobierno les pague lo prometido, se plantee públicamente por tres departamentos del Gobierno –y son los que más prisa se han dado- una petición como la que hemos escuchado de las consejerías que han de gestionar los dineros de Bruselas.