El Tribunal Supremo avala la reversión a la gestión pública del área de salud de la Ribera
El Supremo insta a justificar mejor estas decisiones en el futuro, algo que podría ser importante para otros procesos de reversión en marcha, como el del área de Torrevieja
Valencia
El Tribunal Supremo avala la decisión del gobierno valenciano de no prorrogar la concesión a Ribera Salud, que supuso reversión a la gestión pública del área de salud de la Ribera.
La empresa había recurrido ya ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que ya había fallado a favor del proceso de reversión. Un proceso que se llevó a cabó mediante la no renovación de la concesión que otorgaba a Ribera Salud la gestión del área de salud de La Ribera, la primera que fue privatizada en la Comunitat Valenciana, cuando el PP gobernaba la Generalitat.
Tras esta primera resolución. Ribera Salud decidió llevar el asunto al Supremo y presentó recurso, alegando que este procedimiento no se había justificado correctamente en sus consecuencias eocnómicas y financieras,
El Supremo estima que no hay motivos para declarar la nulidad del proceso de reversión, considera que los informes son suficientes en este caso. pero sí que fija doctrina e insta a justificar mejor estas decisiones en el futuro, algo que podría ser importante para otros procesos de reversión en marcha, como el del área de Torrevieja,
La sentencia cuenta con voto particular de dos de los magistrados se muestra favorable a estimar el recurso de Ribera Salud.
UN ANTES Y UN DESPUÉS, SEGÚN RIBERA SALUD
El grupo Ribera Salud ha valorado que la sentencia del Tribunal Supremo sobre la reversión del departamento de La Ribera, en Alzira, aunque avala ese caso, marca "un antes y un después en los procesos de reversión de las administraciones públicas", ya que "a partir de ahora, se ha definido la doctrina que obligará a todas las administraciones públicas a justificar las repercusiones y efectos financieros y presupuestarios derivados de la decisión de revertir una concesión".
Ribera Salud ha insistido en que se trata de una sentencia "sin precedentes" y "supone una gran garantía de la estabilidad presupuestaria y control del gasto público, ya que impide decisiones administrativas basadas en criterios arbitrarios e ideológicos cuyos efectos económicos negativos deban pagar los ciudadanos".
"A la vez, supone también, una garantía del principio de transparencia en la medida en que los ciudadanos conocerán previamente a su adopción, las consecuencias económicas que van a tener las decisiones de sus gobernantes", ha valorado.