La Fiscalía archiva la investigación sobre irregularidades en la vacunación en Asturias
El Ministerio Fiscal considera que algunas de las vacunaciones realizadas podrían ser "ciertamente discutibles, pero, en ningún caso, ninguno de los supuestos puede ser atribuible a ninguna autoridad o funcionario público"
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Una joven recibiendo una dosis de vacuna en una imagen de archivo. / Alberto Ortega - Europa Press
Asturias
La Fiscalía ha archivado las diligencias de investigación incoadas tras la denuncia de la CSI sobre presuntas irregularidades en la estrategia de vacunación contra la covid al considerar que los hechos "no pueden incluirse en ningún tipo delictivo y no tienen trascendencia penal, a pesar de que algunos de los supuestos denunciados pueden ser reprochables desde otras ópticas".
La Fiscalía, que incoó las diligencias el pasado mes de febrero, considera que algunas de las vacunaciones realizadas podrían ser "ciertamente discutibles, pero, en ningún caso, ninguno de los supuestos puede ser atribuible a ninguna autoridad o funcionario público, ni considerarse un delito de prevaricación", tal y como denunció CSI.
La denuncia aseguraba que en Asturias no se estaban cumpliendo los criterios de vacunación recogidos en el documento técnico del Ministerio de Sanidad, que establecía un orden de acuerdo a grupos poblacionales como el "personal sanitario de primera línea" (grupo 2) o el "otro personal sanitario o sociosanitario (grupo 3).
CSI denunciaba los casos del presidente del Montepío de la Minería; los miembros del patronato de la fundación Beceña González, que regenta el hogar-residencia Beceña González, en Cangas de Onís; una concejala del Ayuntamiento de Castrillón, auxiliar de enfermería, liberada para desarrollar funciones sindicales; cargos directivos del Servicio de Salud asturiano y liberados sindicales a tiempo completo del SESPA.
En sus diligencias de investigación, el Ministerio Fiscal constató que, según las instrucciones del SESPA para la elaboración de los listados de las personas a vacunar en las residencias de la tercera edad, las áreas sanitarias solicitaron a esos centros un listado de residentes y otro de trabajadores, incluyendo a todas las personas que desempeñaran una labor en los mismos, fueran sanitarios o no.
De esta manera, fueron los responsables de esos centros los que identificaron a las personas que iban a ser vacunadas, de acuerdo con esos criterios, sin que se pueda atribuir responsabilidades a funcionarios o cargos públicos.
