El reto de la seguridad a debate en los cursos de verano de la UMA

Málaga

Enmarcado en el Curso de Verano de la Universidad de Málaga “Inteligencia de futuro” ha tenido lugar el encuentro “El reto de la seguridad pública en un mundo globalizado”, que ha contado con María Gámez, directora general de la Guardia Civil, y Rafael Pérez, secretario de Estado de Seguridad, y ha sido moderado por el periodista de la Cadena SER José Manuel Atencia.

El debate ha comenzado con un minuto de silencio en memoria de María Ángeles Guerrero, última víctima de violencia de género en España asesinada ayer en la ciudad de Málaga. Durante su intervención, Gámez ha comparado la violencia de género con el crimen organizado, pese a no serlo en términos puros, ha aclarado, “de una cultura machista que tenemos que acabar con ella”. En este sentido, considera fundamental que la población “reaccione igual que ante otros crímenes” y tenga el mismo comportamiento cívico. “La ciudadanía debe comprometerse y concienciarse de que éste es un problema absolutamente serio”, ha puntualizado.

Ante los retos en seguridad pública, Rafael Pérez ha hecho referencia a la cuestión migratoria y ha enumerado las tres líneas que están desarrollando desde el Ministerio: desde el punto de vista policial, la lucha contra las mafias que tratan con los seres humanos, “tiene que ser el primer impacto para acabar con esta migración irregular”, ha sentenciado; en segundo lugar, la cooperación con los países de origen; y, por último, la búsqueda de la conciencia de la Unión Europea para establecer relaciones bilaterales en esta materia con el continente africano. Así mismo, Pérez ha reclamado solidaridad para que no sólo los países de primera entrada como España, Italia o Grecia “acaparen la responsabilidad y el peso” de la cuestión migratoria, sino que “se reparta de manera equitativa” entre todos los estados miembros de la Unión Europea.

Por su parte, Gámez se ha referido al aumento de la cibercriminalidad y ha reconocido que entre la población falta mucha cultura de ciberseguridad; y, en este sentido, la directora de la Guardia Civil ha apelado a que, por un lado, la ciudadanía tiene que protegerse cuando hace trámites comerciales por internet, y por otro, realizar un uso racional de las redes sociales y “no creerse impunes cuando utilizan un perfil”.

“Un tratamiento ilícito de datos puede suponer la muerte civil de una persona"

"La protección de datos es uno de los derechos fundamentales más importantes para la sociedad contemporánea", ha expresado José Luis Piñar, exdirector de la Agencia Española de Protección de Datos y responsable del Curso de verano de la UMA que aborda los tres años de la normativa que regula este derecho. Sin embargo, desde su perspectiva, la población no le da la importancia suficiente porque su "violación pasa desapercibida", incluso cuando "un tratamiento ilícito de datos puede literalmente suponer la muerte civil de una persona". "Hay personas cuya vida ha terminado por el hecho de que alguien difundió una imagen suya", ha añadido.

El catedrático ha recordado la presentación de la Carta de Derechos Digitales por parte del Gobierno de España, de la cual formó parte del equipo de expertos que la elaboró: "Los derechos digitales solo se pueden entender si tenemos claro el derecho a la protección de datos. Todos los ámbitos de innovación tecnológica, como la inteligencia artificial, la neurociencia, la biotecnología, la robótica, la nube... pasan por el tratamiento masivo de datos personales. Implica un riesgo para las personas y su derecho fundamental a la privacidad".

Entre los aspectos positivos ha destacado que "pone a Europa en el centro" en protección de datos personales y que se "extiende al resto del mundo". También pone de manifiesto el régimen sancionador, inédito en otros ámbitos, ante la posibilidad de imponer multas "hasta veinte millones de euros" por un caso de violación del derecho. Por último, ha expresado su preocupación en materia de transparencia: "El acceso a la información pública es un derecho, para rendir cuentas a los políticos o de la gestión pública, pero este derecho a saber a veces choca con la protección de datos de privacidad". En este contexto, el catedrático ha puesto de ejemplo los incidentes sobre el grupo de expertos que asesoró al gobierno durante el primer confinamiento de la pandemia de la Covid-19, ya que "tomaban decisiones que nos afectaban a todos". "Un país no es democrático si no garantiza el derecho al acceso a la información y el derecho a la privacidad", ha sentenciado.

Una herramienta de la Agencia de Protección de Datos consigue retirar de Internet el 95% de contenidos sin consentimiento

Mar España, directora de la Agencia Española de Protección de Datos, ha asegurado que el organismo consigue retirar en cuestión de horas el 95 por ciento de contenidos sensibles, como vídeos, audios o imágenes de carácter sexual o ciberacoso difundidos sin permiso de la persona afectada. Esto lo lleva a cabo gracias al Canal Prioritario, la herramienta “estrella” que impulsa la agencia para ayudar y proteger a la ciudadanía. “El perfil típico de reclamante en el Canal Prioritario es mujer menor de treinta años que, por venganza, ve difundidos vídeos e imágenes de carácter sexual sin consentimiento”, ha especificado sobre una problemática que en ocasiones lleva a acabar con la vida de algunas víctimas.

La directora de la agencia ha participado en los Cursos de Verano de la UMA para hacer balance de los tres primeros años de aplicación del Reglamento General de Protección de Datos. De sus aspectos positivos ha destacado el salto en la garantía de un derecho fundamental, la homogenización de la aplicación de la norma en todos los países de la Unión Europea y una mayor transparencia, control y cantidad de derechos a la ciudadanía. Sin embargo, ha expresado que también arrastra algunas sombras: “Hay una necesidad de que los estados miembros doten a las autoridades nacionales de los medios económicos y personales que necesitamos para cumplir con este gran reto”.

España ha declarado que las reclamaciones se aglutinan en el ámbito de la publicidad o en el sector de las telecomunicaciones. Además, ha añadido que se ha producido un aumento del 53 por ciento y se ha acentuado su complejidad durante la pandemia. Sobre el seguimiento biométrico que realizan algunas empresas, ha anunciado que la agencia aportará criterios muy claros sobre “lo que se puede y lo que no se puede hacer”.