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Autopistas peaje

Las Juntas Generales de Gipuzkoa recurren al Tribunal Constitucional la primera norma foral sobre peajes

La iniciativa ha salido adelante en el órgano legislativo con los votos favorables de PNV y PSE frente a toda la oposición, que ha votado en contra de este recurso

Peaje de Bidegi, en una imagen de archivo / Cadena SER Gipuzkoa

San Sebastián

Las Juntas Generales de Gipuzkoa han aprobado este martes presentar un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional contra la sentencia del Tribunal Supremo que anuló la primera norma foral que regulaba los peajes a camiones en la N-1 y la A-15, no vigente desde mayo de 2019.

El recurso, cuya petición ha sido cursada este martes en la Comisión Permanente del órgano legislativo foral por las procuradoras del PNV, Eugenia Arrizabalaga, y del PSE, Susana García, también afecta al auto del Tribunal Supremo del pasado 9 de junio que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones formulado contra la anterior resolución. Los 29 votos a favor de PNV y PSE han servido para sacar adelante la iniciativa frente a los 22 sufragios contrarios de la oposición.

El recurso aprobado este martes por las Juntas Generales es distinto e independiente al que trabaja por su parte la propia Diputación foral. Preguntadas sobre el porqué de este segundo recurso, fuentes del PNV señalan a la SER que el mecanismo habitual en estos casos suele ser recurrir las sentencias contrarias a la legislación foral en todos los ámbitos que sean posibles.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo confirmó el pasado 18 de febrero la sentencia dictada por el TSJPV, que estimó en abril de 2018 un recurso interpuesto el 12 de enero de 2017 por el Comité Nacional de Transporte contra la norma foral 7/2016.

La máxima magistratura de Euskadi consideró que el sistema adoptado para cobrar el peaje a los vehículos pesados producía "una discriminación indirecta del transporte de tránsito con origen y/o destino fuera de Gipuzkoa respecto del tráfico interior", debido tanto a los "tramos elegidos" para la instalación de los peajes como a "la extensión de su recorrido".

La norma foral de 2016 que recogía este sistema no está vigente porque fue sustituida por una nueva legislación que modificó los tramos y los precios de los peajes para hacer frente a la interpretación que llevó al TSJPV a anularla y que fue aprobada por Juntas Generales en noviembre de 2018 y entró en vigor en 2019.

Esta segunda norma fue anulada por el TSJPV en mayo de 2020 por entender que se trata de una "versión maquillada" de la primera por lo que la Diputación ha anunciado que regulará el pago de peajes en la N-I y la A-15 mediante un decreto foral-norma que le permita mantener los cobros. Ante este segundo varapalo judicial, la Diputación trabaja ya en una tercera normativa que afecte a ambas carreteras íntegramente.

Ley de Aportaciones

En esa misma Comisión Permanente, el Diputado General, Markel Olano, ha comparecido para explicar los detalles de la reunión del Consejo vasco de Finanzas que tuvo lugar la semana pasada. En esa reunión se dio luz verde definitivamente al acuerdo para la Ley de Aportaciones entre las tres diputaciones vascas. Un acuerdo "bueno" según el equipo de gobierno foral.

Sin embargo, la oposición no ve con los mismos ojos ese acuerdo. EH Bildu y PP han coincidido al señalar el acuerdo como una "tirita" que no es útil al problema de financiación que padece Gipuzkoa. Por su parte desde Elkarrekin Podemos, María Valiente ha reclamado que las aportaciones se revisen anualmente para adecuarse a las circunstancias económicas de cada momento ante emergencias como, por ejemplo, la crisis financiera que ha supuesto la pandemia.

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