Navarra aprueba la normativa que posibilita la aplicación de la ley de eutanasia

Pamplona

El Gobierno de Navarra ha aprobado esta mañana la normativa foral para posibilitar, con "el mayor nivel de garantías tanto para la ciudadanía como para los profesionales" según ha destacado el director general de salud, Carlos Artundo. En Navarra el 77% de la población considera la eutanasia aceptable, y el 72% de la población de la Comunidad Foral la solicitaría si se diese el caso.

El Boletín Oficial de Navarra (BON) recoge el decreto foral que regula la creación tanto de una Comisión de Garantías y Evaluación de Ayuda para Morir formada por un total de 12 profesionales de distintas ramas. Navarra ha ampliado los miembros de esta composición a personal del ámbito social y psicológico, quedando conformada finalmente por 4 médicos (2 del ámbito de Primaria y 2 de atención especializada), 4 juristas, 2 enfermeras, 1 psicóloga y 1 trabajador social, todos ellos con formación o experiencia de trabajo en Bioética y/o en tratamiento de enfermedades con padecimientos graves o incurables.

Además, los profesionales santiarios, de manera individual, pueden atenerse a la objeción de conciencia recogida en dicho decreto. Según ha detallado la jefa del Servicio de Ciudadanía Sanitaria, lo harán dentro de "un registro vivo del que podrán entrar y salir" según su propia ética profesional.

Pueden atenerse a la Ley de Eutanasia los mayores de edad con enfermedades graves e incurables, pero resulta imprescindible que se realice el Registro de Voluntades Anticipadas, puesto que quien no lo haya realizado llegado a una situación de incapacidad no puede aplicarse la eutanasia. Para apuntarse a este Registro, desconocido para el 50% de la población navarra, tan solo es necesario acudir al centro de salud más cercano. 

En este sentido, el 1,6% de la población Navarra mayor de 16 años consta en el Registro de Voluntades Anticipadas, lo que supone 11.546 personas. Aun así, Navarra es la comunidad que contabiliza una mayor tasa de personas por cada mil habitantes dentro del Registro de Voluntades Anticipadas; lo que supone un 15,9% frente al 7,9% de media del estado.

El Decreto Foral regoce un manual con el protocolo a aplicar en caso de incapacidad; la guía de medicamentos a administrar; procedimiento a seguir para la solicitud y la realización de la prestación; recomendaciones para la objeción de conciencia y modelos de documentos...".

El decreto contiene fundamentalmente el andamiaje de la constitución de una Comisión de Garantías para asegurar un correcto ejercicio de este derecho compatibilizando el de la ciudadanía a demandarlo y el de profesionales a practicarlo (cabe una objeción de conciencia individual y regulada), y otras posibles dudas o circunstancias que puedan surgir.