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Galicia

El Tribunal Superior suspende la obligación de presentar el certificado Covid en la hostelería

La Xunta no le envió para su aprobación la orden con esa medida restrictiva de derechos fundamentales

Personal de una cafetería de Santa Cruz de Tenerife, comprueba el certificado Covid de una clienta. / Ramón de la Rocha (EFE)

A Coruña

La presentación del certificado Covid-19 en los locales de hostelería, restauración y de ocio nocturno deja de ser obligatorio. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia declara que la medida deja de tener vigencia. El motivo es porque la Xunta no envió al Tribunal la orden de 22 de julio con esa medida restrictiva de derechos fundamentales para contar con la autorización judicial. Un proceder que el alto tribunal califica de "anómalo y que indujo a la confusión".

El dictamen del Tribunal Superior de Xustiza tiene lugar una semana después de que los magistrados denegasen la suspensión cautelarísima de presentar el certificado para acceder a los locales de hostelería y restauración, como había pedido la Asociación de Empresarios Lugo Monumental. El TSXG argumentó que no aprobaba su suspensión "sin escuchar las razones de la Xunta". Explica que en su auto anterior no se hizo mención a las razones expuestas al dar por sentado que la medida había sido sometida a previa autorización por el Tribunal.

Valoración del sector

El sector considera que la resolución "da la razón a la lógica". La Asociación provincial de Hostelería indica que exigir el certificado a sus clientes no era de su competencia. Héctor Cañete, su presidente, declaraba que "esta sentencia da razón a la lógica, en algo que llevamos reclamando desde el primer minuto. Nosotros siempre hemos colaborado con la administración, pero una y otra vez nos cargan trabajo extra y ha sido el TSXG quien lo ha dicho claramente".

La Asociación de Hosteleros de La Marina acoge con satisfacción la decisión del Tribunal Superior. Su presidente, Antón Sáenz, hace hincapié en que no son policías para tener que exigir un documento a sus clientes.

El sector reclama una única norma estatal para saber "a qué atenerse".

 
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