Vanessa Moltó: "El gobierno ha puesto por delante los intereses de los alcoyanos frente a los de una empresa"
La edil de Régimen Jurídico, en la sesión plenaria, defiende que el Ayuntamiento, con el aval técnico, no aceptó en su momento la subida que proponía la concesionaria del servicio de basura al considerar que "no era justa"
La edil de Régimen Jurídico, Vanessa Moltó, sentada la primea por la izquierda en la segunda fila de la bancada del Salón de Plenos, en la sesión celebrada este viernes en el Ayuntamiento de Alcoy. / Ajuntament d'Alcoi
Alcoi
El gobierno de Alcoy, en la sesión plenaria de este viernes, ha defendido que “ha puesto por delante los intereses de los alcoyanos frente a los de una empresa privada” cuando la adjudicataria del servicio de recogida de la basura y limpieza viaria reclamaba un incremento del precio y desde el Consistorio, con el aval técnico, consideraba que esta subida no era justa. Así lo ha explicado, al final del pleno, la edil de Régimen Jurídico, Vanessa Moltó.
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Vanessa Moltó, edil de Régimen Jurídico.
No es la primera vez, como explicaban desde el ejecutivo local del PSOE, que no había acuerdo entre la empresa y la administración local y ponen como antecedentes que en 2014 la empresa estuvo, también, reclamando la revisión de precios en la etapa de 2008 a 2011. En aquella ocasión, “el tribunal contencioso administrativo en primera instancia da la razón al Ayuntamiento y entiende que no corresponde el pago de las cantidades que la empresa reclamaba” pero tras el recurso de la adjudicataria, “el TSJCV, en abril de 2016 reconoce el derecho de FCC a esta revisión de precios incrementando la cuantía anual del coste del servicio desde 2008, si bien la cantidad a pagar fue de 723.000 euros y no los 1,3 millones que pretendía la empresa. Por tanto, el Ayuntamiento y este gobierno consiguió rebajar la pretensión y salvaguardar los intereses de la ciudad”, aseguran los socialistas.
Tras la última sentencia en la que las arcas municipales deberán abonar 2,1 millones de euros más intereses de demora a la empresa concesionaria del servicio por no revisar los precios entre 2012 y 2018, los socialistas destacan que el pronunciamiento del juzgado “no ve mala fe por parte del gobierno de la ciudad que ha visto como se ha actuado para defender los intereses de la ciudadanía y la sentencia tan solo estima que se tiene que pagar la subida de precios no aprobada en su momento siguiendo unos criterios técnicos y no imponen ninguna multa ni condena a pagar las costas del proceso, que es lo habitual en los casos que se pierde una demanda”, explican en un comunicado.
