Los acusados por el derrumbe de Zaldibar pactan para eludir la cárcel
Acuerdan con fiscalía y familias de los fallecidos una pena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos trabajadores que murieron en el derrumbe de febrero de 2020
Vertedero de Zaldibar / Cadena SER
Bilbao
Los tres responsables de la empresa Verter Recycling, propietaria del vertedero de Zaldibar en el que murieron Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán como consecuencia del corrimiento de tierras ocurrido el 6 de febrero de 2020, han pactado con la fiscalía y las familias de los fallecidos una condena de seis meses de prisión por el homicidio imprudente de los dos trabajadores.
El dueño de la empresa, José Ignacio Barinaga; la gerente, Arrate Bilbao; y el ingeniero jefe, Juan Elosegui, acusados de dos homicidios por imprudencia grave y un delito contra la seguridad de los trabajadores, han pactado con la fiscalía y las familias de los dos operarios fallecidos seis meses de prisión, lo que supone que no entrarán en la cárcel, así como indemnizar a las familias de las víctimas. El acuerdo deberá ser ratificado aún por el juzgado que lleva el caso, en una sentencia de conformidad.
Por otro lado, los responsables de Verter Recycling tienen abierto un segundo proceso judicial por el derrumbe del vertedero en febrero del 2020, por presuntos delitos medioambientales.
REACCIONES AL ACUERDO
Podemos Ahal Dugu ha exigido que se depuren todas las responsabilidades por el derrumbe y ha denunciado que el Gobierno Vasco "sigue sin asumir cualquier responsabilidad política en esta catástrofe, ya que se ha dedicado en todo momento a escurrir el bulto por su nefasta gestión y volcar toda la culpabilidad en la empresa Verter Recycling". Desde la plataforma morada han trasladado un mensaje de solidaridad y cariño a las familias de los dos trabajadores fallecidos, en especial a la de Joaquín Beltrán, "cuyo cuerpo permanecerá para siempre sepultado bajo el vertedero después de que el Gobierno vasco decidiese abandonar la búsqueda en contra de la voluntad de sus allegados". Además, ha recordado que sigue abierta la investigación judicial por un presunto delito medioambiental derivado del derrumbe. "El que ha sido uno de los mayores desastres ecológicos y medioambientales de la historia del País Vasco tiene mucho que ver con una apuesta por el modelo de privatización de gestión de los residuos que rebaja el control público y la inspección, y prima los beneficios privados por encima del bien comunitario", ha censurado. A su entender, "la mejor solución al problema de los residuos es claramente la gestión pública de los mismos", pero el Gobierno vasco "apuesta por la gestión privada porque le es más rentable y menos problemática a la hora de tener que asumir responsabilidades".
La Plataforma Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria han anunciado que seguirán "luchando" para saber lo que sucedió en el vertedero y depurar responsabilidades. En este sentido, han recordado que se presentan como acusación popular contra Verter Recycling por delito ambiental. Tras indicar que respetan y entienden la decisión de la familia de llegar a un acuerdo, "después de sufrir un año y medio muy duro", han manifestado no obstante su compromiso de "no dejar que se olvide lo ocurrido y de depurar responsabilidades". En este sentido, han denunciado "la forma en que se ha llevado a cabo el caso" y han recordado que el pasado mes de julio Zaldibar Argitu y la Carta de Derechos Sociales fueron excluidos de formar parte como acusación popular en el procedimiento contra los derechos de los trabajadores.
