La Fiscalía pide 3 años de cárcel para el jefe de Montes de Álava por el caso de los favores a furtivos

Vitoria

La Fiscalía ha solicitado tres años de cárcel para el jefe de Montes de la Diputación de Álava por el caso de los supuestos favores a cazadores furtivos en el coto de Manzanos. El Ministerio Público le acusa de un delito de falsedad de documento oficial cometido por funcionario público por haber omitido presuntamente datos esenciales en un expediente sobre caza furtiva con el objetivo de evitar que los implicados fueran sancionados.

Según ha podido saber la CADENA SER, además de la petición de prisión, el Ministerio Público ha solicitado 3 años de inhabilitación para el empleo público en la Diputación y una multa que ronda los 15.000 euros. Por su parte, la acusación popular, la Asociación Para la Defensa de Víctimas e Injusticias (Apadevi), aumenta la petición de prisión hasta los 4 años y medio y extiende la inhabilitación a 4 años en cualquier administración, además del pago de una multa de unos 30.000 euros.

Los escritos de acusación de la Fiscalía y la acusación popular coinciden en relatar lo ocurrido el 14 de mayo de 2017 en el coto de Manzanos. Dos cazadores que estaban caminando por el coto escucharon disparos y poco después vieron a dos personas, una de ellas con un arma y la otra arrastrando un corzo muerto. Eran dos guardas rurales (guardas privados) de la empresa Artio encargada del coto. Luego presenciaron como uno de ellos decapitaba el corzo y escondían los restos del animal para abandonar el lugar en vehículo con la cabeza del animal.

Avisaron por teléfono al guarda forestal de la Diputación Andoni Díaz que acudió al lugar acompañado de otro guarda. Siguiendo las indicaciones de los cazadores, Díaz encontró los restos del corzo y posteriormente localizaron con un arma a uno de los dos presuntos furtivos.

De aquel caso de furtivismo se presentaron tres denuncias, una por parte de los testigos y otras dos (una contra cada una de los supuestos furtivos) por parte del guarda de la Diputación, Andoni Díaz. Pero los dos implicados se libraron de la apertura de un expediente sancionador por caza furtiva. Tan sólo se incoó un expediente sancionador leve por cazar fuera del horario permitido a uno de los dos implicados. Todo lo relacionado con la caza furtiva se quedó en nada

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Según explica la Fiscalía en su escrito de acusación, el papel del jefe de Montes de la Diputación fue clave para evitar que avanzaran los expedientes por caza furtiva. Su propuesta de resolución, enviada a la directora de Agricultura, concluía que no era necesario incoar un expediente sancionador. Según la Fiscalía, omitió supuestamente datos esenciales de lo ocurrido aquella tarde para intentar que no se dictaminara la incoación del expediente sancionador. Por ejemplo, la Fiscalía afirma que no incluyó en su informe que el guarda Andoni Díaz había encontrado los restos del corzo siguiendo las indicaciones de los denunciantes. Tampoco el resto de intervenciones de Díaz que permitían apoyar el testimonio de los denunciantes.

Según la Fiscalía, el jefe de Montes no explicó en la tramitación de esa denuncia (era la de los testigos) que existían otros dos expedientes por las denuncias interpuestas por Andoni Díaz. Tampoco propuso que fueran acumuladas en un mismo caso. Esas otras denuncias tampoco prosperaron y ni siquiera entraron en la fase de instrucción, señalan las acusaciones.

Atendiendo al relato de las acusaciones, el jefe de Montes se esmeró en subrayar la existencia de un vídeo en el que no se podían determinar los hechos. Se trata de un vídeo que mencionaron los denunciantes pero que ni siquiera entregaron en su denuncia porque las imágenes no eran claras. La Diputación insistió en que el video le fuera enviado y, finalmente, así fue. El informe del jefe de Montes dedica 9 paginas al vídeo.

La Fiscalía considera que esa desproporción entre dar una importancia desmesurada al vídeo al mismo tiempo que se omitían otros datos como el hallazgo del animal muerto prueban que el jefe de Montes tenía el objetivo de salvar a los dos implicados de un expediente sancionador por caza furtiva.

ACTUALIZACIÓN: En Hora 14 Vitoria hemos entrevistado a María Girona, representante de la asociación Apadevi que ejerce de acusación popular.

Años alertando de que sus denuncias se rebajaban en los despachos

El caso de Manzanos es el que más lejos ha llegado judicialmente de toda una amalgama de intereses cruzados en el mundo de la caza en Álava sobre los que el guarda forestal Andoni Díaz ha realizado varias denuncias públicas y judiciales. Viene de lejos. Díaz lleva años alertando de que muchas sanciones que ponía en el monte después eran retiradas o rebajadas en los trámites que se seguían en la Diputación.

Otros guardas de la Diputación confirmaron a la CADENA SER que esto era algo que ocurría: había cazadores que les decían en el monte que conocían gente en los despachos de la Diputación que les iban a quitar las multas. Según estos guardas forales, algunos cazadores conseguían que las sanciones no avanzaran.

Unos datos solicitados en su día por EH Bildu atestiguaban que algo extraño pasaba en Diputación: una parte importante de las sanciones se quedaba en el camino. La Diputación siempre lo ha achacado a falta de medios técnicos o a que las denuncian estaban mal elaboradas.

Díaz transmitió de forma interna sus sospechas a sus superiores, incluidos los cargos políticos de la Diputación, pero denunció que no le hicieron caso. El pasado mes de febrero la Diputación abrió a Díaz un expediente disciplinario tras una denuncia de varios funcionarios de la Diputación.

A lo largo de su carrera como guarda forestal, Díaz ha sufrido varias amenazas de muerte.