Compromís eleva al Tribunal de Cuentas la auditoría encargada por el PP en la Diputación de Alicante

Alicante

Compromís eleva al Tribunal de Cuentas la auditoría encargada por el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, que según la coalición, confirmaría la falsedad documental en las cuentas del PP de Alicante entre 2015 y 2018.

Los valencianistas ya denunciaron ante dicho tribunal la auditoría encargada por Mazón con el argumento de que lo hizo sin competencias para ello y para evitar acreditar como el resto de partidos con representación en la Diputación el uso de la subvención pública.

Dicha auditoría confirmaba la disposición irregular de más de 45.000 euros, pero el grupo reclama con esta petición que el tribunal amplíe a 446.175 euros la cantidad a devolver a las arcas públicas por parte del PP.

Su portavoz, Gerard Fullana, dice que el objetivo es que se recupere el máximo posible del dinero desviado de forma irregular de la diputación a las cuentas del PP.

Recuerda Compromís que el Partido Popular multiplicó por cuatro, con el apoyo del PSPV, las líneas de subvenciones a los grupos de la diputación en las navidades de 2015 y que se aprobó un gasto para este propósito durante la legislatura de dos millones de euros. Añaden que ahora "se ha comprobado que este movimiento estaba desvinculado del funcionamiento del grupo en la institución y en realidad se trataba de una maniobra para financiar el partido de forma irregular".

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Asimismo, Compromís ha facilitado a la Fiscalía Anticorrupción la misma auditoría, que incluso siendo ilegal a su juicio, confirma que el vicepresidente de la institución y alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, habría incurrido en falsedad documental para justificar el ingreso de los 446.175 euros en las cuentas de su partido.

Por su parte, Dolón, como portavoz del Grupo Popular en la Diputación, arremete contra Fullana, por cuestionar la auditoría, le acusa de realizar "acusaciones falsas constantes para buscar notoriedad" y de tener, a su vez, que devolver "más de 5.000 euros no justificados, que siguen sin pagar", asegura.

Añade que el grupo popular ha entregado en todo momento la documentación solicitada para la auditoría y la ha acatado por coherencia política, aunque no comparte su análisis porque considera que está todo debidamente justificado.