La Fiscalía detecta residencias de mayores "alegales" en Canarias

Tenerife

El informe de la Diputación del Común elaborado a finales de 2019 recoge, entre otras cosas, la apertura de algunas residencias en Canarias por silencio administrativo positivo. Este problema, lejos de ser resuelto, sigue siendo detectado por la Fiscalía en Canarias. "Es un gran problema que nosotros también hemos detectado, sobre todo este año, que hemos visitado durante el primer semestre a todos los centros mayores y de personas con discapacidad y nos hemos encontrado con eso que aparece en el informe del Diputado del Común y eso es muy preocupante", explica Rosa Rubio.

Son residencias "alegales", según la Fiscal, que se siguen abriendo en Canarias por silencio positivo sin que la consejería revise previamente la documentación. "Hay residencias alegales que se abren sin cumplir los requisitos que establece la Ley", explica Rubio. "Según la normativa autonómica, cuando se abre una residencia es necesaria una declaración responsable de quien la ha abierto y la va a gestionar", añade. "No siempre se produce la declaración responsable o cuando se produce la declaración responsable y acude el servicios de inspección son muchas las anomalías y se establecen unos plazos para que esas anomalías se resuelvan", explica.

La Fiscal Delegada de la Especialidad Civil y de Provisión de Apoyos a las Personas con Discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias señala que esto es algo "muy preocupante"

Esto se debe a la falta de inspectores en Derechos Sociales, la Consejería es incapaz de revisar en tiempo y forma las residencias que se abren en las islas, -también durante este año-, y acaban funcionando por ausencia de respuesta de la administración y sin ser inspeccionadas previamente. "Es preocupante porque hay muchísimas residencias en las que la habilitación se ha dado por silencio positivo, incluso la renovación de la habilitación se ha dado por silencio positivo", explica la Fiscal. "La normativa permite abrir la residencia y el que abre la residencia es el que tiene que acreditar que cumple los requisitos", añade.

"El servicio de inspección de la Viceconsejería es el que tiene que asegurar que se cumplen los requisitos, si tenemos un servicio fuerte no será necesario que se aplique el silencio positivo", concluye la Fiscal, que emplaza a las autoridades a incrementar el número de inspectores en Canarias. El archipiélago tiene el número más bajo de inspectores de políticas sociales de toda España, solo superados por Extremadura. La Consejería de Derechos Sociales ha anunciado que incrementará a once el número de inspectores los cinco que tienen hasta el momento, un número totalmente insuficiente.

La Fiscalía estaba al tanto del informe y trabaja conjuntamente con la Viceconsejería de Derechos Sociales

Rosa Rubio ha confirmado en Hoy por Hoy La Portada que estaba al tanto del informe, "tomamos en consideración por supuesto todas las informaciones que llegan a Fiscalía y evidentemente también los informes del Diputado del Común, por supuesto", ha sentenciado. Además, la Fiscal ha valorado en varias ocasiones el trabajo conjunto con el Gobierno. "Lo decimos en las memorias de la Fiscalía, se lo hemos dicho a la Viceconsejería de Derechos Sociales, es consciente de ello y me consta que está trabajando en esta línea", ha dicho sobre la necesidad de acabar con el modelo de sujeciones mecánias. La Fiscal también es consciente de la intención de la Viceconsejería de incrementar el número de inspectores.

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