Las defensas de los acusados por el supuesto fraude de las basuras de Calp piden la nulidad de las escuchas

Alicante

En la Audiencia Provincial de Alicante ha comenzado el juicio por el presunto fraude de las basuras de Calp. Están acusados el exalcalde popular del municipio, Javier Morató, dos de sus concejales y el empresario Ángel Fenoll, entre otros. Fiscalía mantiene que habrían urdido una trama para cobrar comisiones por adjudicar en 1998 el servicio de recogida a la mercantil del empresario oriolano.

Esta jornada se ha dedicado a las cuestiones previas. Finalmente, el tribunal se pronunciará sobre la ilegalidad de las escuchas y la posible prescripción de los delitos, como habían pedido las defensas buscando el archivo de la causa, una vez dicte sentencia.

Estos dos puntos, junto con la nulidad de los registros practicados, han sido las claves sobre las que los letrados de la defensa han basado su trabajo con la esperanza de que el tribunal no prosiguiera con la causa. Pero no va a ser así y la vista se retomará ya el 19 de octubre. Este juicio es una pieza separada derivada de las escuchas que se practicaron al empresario Fenoll por las basuras de Orihuela y que iniciaron el caso Brugal. La Audiencia Provincial anuló estas escuchas en este juicio, dando pie a la absolución de los 34 acusados (esta sentencia está recurrida en casación ante el Tribunal Supremo).

En este juicio se sientan en el banquillo: el exalcalde popular de Calp, Javier Morató y los exediles Fernando Penella y Juan Roselló (también exdiputado provincial), así como su mujer Amparo Femenía y su cuñado Francisco Artacho y un funcionario municipal. También el empresario oriolano Ángel Fenoll, su hijo Antonio Ángel y otra familiar más.

El fiscal, en su escrito de acusación provisional, considera que entre todos organizaron una trama para cobrar más de 700.000 euros en comisiones por adjudicar la contrata a la empresa Colsur, propiedad de Fenoll. Para ello, Colsur habría facturado por más toneladas de las que gestionaba, con lo que el fraude al consistorio habría ascendido, según fiscalía, a casi 12 millones de euros y el perjuicio efectivo a 4,2 millones. Esta práctica se habría extendido desde el año 1998 hasta 2012, por lo menos.

Enrique Botella, letrado que defiende al exregidor, insistía en que toda la causa es "un despropósito" y que ni siquiera sabe de qué se acusa a su cliente.

Los acusados se enfrentan a peticiones de penas de cárcel entre los 2 y los 14 años por haber cometido los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y blanqueo de capitales.