Lunes, 18 de Octubre de 2021

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Sindicat de Barri Carolines

La angustia de vivir con un fondo buitre como casero

Afectados por la venta de sus vivienda en alquiler a un fondo de inversión protestan ante la sede de Solvia en Alicante para exigir un interlocutor con el que poder negociar

Protesta ante la sede de Solvia en Alicante

Protesta ante la sede de Solvia en Alicante / Sindicat de Barri Carolines

La angustia de vivir bajo la amenaza de que te tiren de la casa en la que resides sigue bien presente para una decena de familias en riesgo de exclusión social de Alicante. Dieron las viviendas en dación en pago a Banco Sabadell al no poder asumir la hipoteca cuando llegó la crisis de 2008 y esta entidad, según explican desde el Sindicat de Barri Carolines, las vendió a un fondo de inversión que no está dispuesto a renovarles el alquiler social que consiguieron entonces.

Sarai Correas es una de las afectadas que este miércoles se ha concentrado convocados por la organización social ante la sede de Solvia en la capital alicantina. Ella, y el resto de implicados, denuncian que no tienen interlocutor con quien abordar el problema.

Está en paro y no sabe cuándo les van a decir a su madre, a ella y a su hijo con discapacidad, que tienen que abandonar la casa. Hace 6 meses que venció su alquiler y no se lo renuevan. Viven con los 400 euros de la pensión de viudedad de su madre con la que pagan los 129 euros de alquiler social.

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Situación similar es la de Cristina Valencia, que tiene 63 años y vive sola. También entregó su piso al banco y consiguió un alquiler social. El fondo buitre que la ha comprado le ha ofrecido mil euros por irse. Tiene de plazo hasta noviembre. Cobra 525 euros trabajando en una casa en la que sus jefes le ayudan con la comida.

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Por su parte, Borja García portavoz del Sindicat, lamenta que "nadie les escuche". Recuerda que son familias que "quieren pagar, pero que no les dejan" y denuncia las trabas que les están poniendo para resolver su situación. Es un proceso "monstruoso al que se enfrentan sin interlocutor".

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También hace valer García el Real Decreto, ampliado hasta el 31 de octubre por el Gobierno, por el que se suspenden los desahucios y la moratoria de alquileres dentro de las medidas impulsadas dentro del escudo social consecuencia de la pandemia. En total el Sindicat de Barri Carolines tiene contabilizada una treintena de familias afectadas en Alicante.

Consejo General del Poder Judicial

Esta protesta de los afectados ha coincidido en el día en el que el Consejo General del Poder Judicial ha publicado el resultado de su informe "Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales",

En él se destaca que los desahucios por impago del alquiler o de hipoteca han disminuido en el segundo trimestre de este año en la Comunitat Valenciana y con respecto al mismo periodo de 2019.

 Se recupera así una tendencia a la baja que ya se venía registrando antes de la pandemia. En Alicante, en este periodo de este año, se han realizado 807 desahucios.

En total, de los 1.760 lanzamientos practicados durante el periodo analizado en la Comunitat, el 36,4 %, fueron derivados de ejecuciones hipotecarias, mientras que un 80,8 %, fueron consecuencia de la Ley de arrendamientos urbanos. Los restantes, correspondieron a otras causas.

 

 

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