Cazada una sanitaria vendiendo entradas para fiestas ilegales en Ibiza

Ibiza

La falta de policías locales en los municipios de Ibiza y también de los efectivos de las Fuerzas de Seguridad del  Estado ha impedido este verano poder actuar con más eficacia en la lucha contra las fiestas ilegales. Es lo que ha destacado el vicepresidente del Consell Insular, Mariano Juan, en el balance del plan piloto que se puso en marcha para colaborar con los Ayuntamientos a la hora de abortar este tipo de eventos, con la contratación de detectives extranjeros para infiltrarse en alguno de estos eventos ilegales en casas de la isla.

A pesar de que la publicidad que se dio a esta medida también fue otro obstáculo que tuvieron que sortear consiguieron entrar en un total de siete fiestas.  Lo llamativo es que ninguna se celebró en una vivienda turística. Cuatro eran en Sant Josep,  dos en Sant Antoni y una en Santa Eulària.  Consiguieron identificar a 29 personas que de una u otra forma estaban relacionadas con la organización de esta fiesta.

Y un detalle relevante que ha destacado la directora insular de lucha contra el intrusismo, Naihra Cardona, es que una de las personas que vendía entradas  es una trabajadora de la sanidad pública que opera bajo el nombre de 'Anita Dinamita' en sus perfiles en redes "y nos parece una situación mucho más flagrante porque estamos hablando de una trabajadora sanitaria". Por todo ello,  este hecho se pondrá en conocimiento de las autoridades sanitarias para que tomen cartas en el asunto.

Los asistentes a las fiestas pagaban entre 60 euros en el caso de las mujeres y de 100 los hombres.

Juan dice que lo que se ha puesto de manifiesto es que "faltan recursos". En algunos casos se ha avisado de la celebración de una fiesta y se ha estado esperando hasta las siete de la mañana sin que aparecieran los efectivos policiales porque estaban cubriendo otras urgencias en sus municipios.

Desde el Consell destacan que "hay un problema de raíz del que se derivan los demás ya que con más recursos, la eficacia de la administración sería mucho más grande".  Así que la reclamación que ahora se hace es la reforzar todas las plantillas de las policías locales y de las Fuerzas de Seguridad del Estado, "porque de la falta de medios se derivan todos los problemas".

Y otro aspecto que desde el gobierno insular señalan que ha quedado en evidencia es la necesidad de un cambio normativo tanto en la ley de Actividades como en la Turística.

Por todo ello se está cerrando un documento pactado con todos los ayuntamientos de la isla que ahora se enviará al Govern que es la administración que debe introducir modificaciones. Además de sanciones de hasta 100.000 euros se pide que se regule la responsabilidad directa no solo del promotor sino también de todo el entramado que rodea a estas fiestas. Asimismo, que los propietarios de estas casas sean  responsables solidarios en casa de reincidencia.

Por otra parte, se plantea que los inspectores que lleguen a una de estas fiestas ilegales puedan adoptar medidas de inmediato, si se detecta que  se están vendiendo entradas y que no se trata de un evento  privado. Además, la reforma de la ley turística debería tipificar que la vivienda turística tenga prohibida su actividad durante tres años.

El conseller afirma que la legislación actual ha quedado anticuada "hay que distinguir mejor entre un evento privado en un domicilio con lo que son actividades profesionales piratas, discotecas ambulantes bajo la apariencia de una casa y la inviolabilidad del domicilio y la ley tiene que recoger esta realidad".

Juan afirma que esta prueba piloto ha dado buenos resultados "a pesar de las dificultades, porque hemos constatado un bajón en la comercialización de fiestas y hemos demostrado que somo un gobierno dispuesto a ayudar a los ayuntamientos para que ejerzan sus competencias.

Por eso ya se plantean de cara al año que viene un nuevo contrato de prestación de servicio más largo en el tiempo para abarcar no solo las fiestas ilegales sino también el transporte.  Juan afirma que este plan piloto "no ha sido humo y ahora les toca a otras administraciones hacer su trabajo".  Desde los expedientes covid a la tramitación de los expedientes sancionadores a las 29 personas que se han identificado, además de la labor que pueda realizar también la Agencia Tributaria.

El conseller afirma que "no era nuestro trabajo, pero era nuestro deber porque si sigue el descontrol nos llevará al final del turismo". Además, avisa que el fenómeno de las fiestas ilegales una vez implantado es muy difícil de erradicar y se extenderá a otras islas.