Ayuso responde sobre el aborto que los médicos estudian "para salvar vidas, no para hacer lo contrario"
"Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia", ha afirmado al ser preguntada por las dificultades para ejercer el derecho al aborto en la Comunidad de Madrid después del caso y los datos que contó la SER
Ayuso, sobre el derecho al aborto
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Madrid
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha defendido este jueves que ella no obligará "a ningún médico de la Sanidad pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia".
Así lo ha trasladado en el Pleno de la Asamblea de Madrid, después de que la portavoz de Más Madrid, Mónica García, que además es médico, le afease los casos dados a conocer por la SER en los que mujeres no han podido abortar en hospitales madrileños por la objeción de conciencia de sus médicos.
"Desconozco el caso del que me habla, pero créame que yo no voy a obligar a ningún médico de la Sanidad Pública madrileña a practicar un aborto contra su conciencia, que es el motivo el cual fue compañero suyo de carrera, una persona que empezó a estudiar Medicina para salvar vidas y no para hacer lo contrario", ha manifestado la presidenta regional.
Ayuso ha trasladado que con ella "no cuenten" y, aunque desconoce el caso y respetado "todo", ha insistido en que no va a obligar "a un médico a ir contra su conciencia". "A lo mejor usted si, yo es que la tengo muy tranquila", ha zanjado.
Los datos en Madrid: solo un aborto de 17.000 en un centro público
La SER contó este miércoles que de los 16.852 abortos que se practicaron en Madrid en 2019, solo uno se produjo en un hospital público del Servicio Madrileño de Salud. Este caso no se produjo durante las primeras 14 semanas de gestación, cuando la mujer puede interrumpir la gestación sin necesidad de justificar una causa, sino que se trató de un embarazo más avanzado y porque el feto presentaba riesgo de sufrir graves anomalías. De esas casi 17.000 mujeres, un 46% se informó sobre el procedimiento en un centro público, aunque apenas ninguna pudo ejercer su derecho en uno.
Además, de esas 16.852 interrupciones del embarazo, 2.278 respondieron a causas como riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del embarazo o graves malformaciones en el feto, tanto dentro como fuera de las primeras 14 semanas de gestación. Tampoco en estos casos los abortos se produjeron en centros públicos. La Consejería de Sanidad sigue, de momento, sin proporcionar los datos sobre los años 2020 y 2021 que le ha solicitado esta emisora.
La médica que no pudo abortar
El caso de Marta Vigara saltó a los medios también a través de la SER. Vigara denuncia maltrato institucional, violencia obstétrica y la vulneración de la ley del aborto aprobada hace once años en el Clínico San Carlos de Madrid, uno de los grandes hospitales de Madrid. Marta, que es además geriatra en este centro médico, sufrió a las 17 semanas de gestación la rotura prematura de la bolsa y perdió el líquido amniótico. Tuvo que ser ingresada con antibiótico intravenoso. Los ginecólogos le comunicaron que el pronóstico fetal era infausto. Con cuatro meses de embarazo, es muy difícil la viabilidad del feto por la falta de madurez de los pulmones y puede haber además deformaciones en las articulaciones.
A Marta le dijeron que podía interrumpir el embarazo pero no en ese hospital porque todos los profesionales del departamento son objetores de conciencia siempre que haya latido fetal. Algún sanitario le llegó a confesar que hacer legrados es muy desagradable. Todos los médicos del departamento de Ginecología se declararon en 2009 objetores de conciencia y derivan a las mujeres a las clínicas privadas, según reconoce el jefe del servicio en un documento al que ha tenido acceso la Cadena SER.
Marta se queja también de que le omitieron la información sobre el peligro que podía suponer la situación para su propia salud, un riesgo de infección grave. Le dieron el alta para que gestionará ella sola la interrupción del embarazo en una clínica privada donde la prestación es gratuita.
En ningún momento contemplaron que era un aborto terapéutico, por razones médicas, sino voluntario pese al mal pronóstico para el bebé y el peligro para la madre ante la rotura de la bolsa. Finalmente le practicaron el aborto en la clínica Isadora y fue ella misma la que tuvo que buscar ayuda para que se lo realizasen urgentemente porque había empezado a sangrar. Destaca que la atención e información en la clínica fue exquisita.
