Madrid no tendrá el decreto para aplicar la eutanasia hasta principios de octubre
Llegará seis meses más tarde pese a que las comunidades tenían un plazo máximo de tres meses
Madrid
La Comunidad de Madrid tendrá listo el proyecto de decreto por el que se crean y regulan tanto el registro de profesionales objetores a la prestación de ayuda para morir como la Comisión de Garantía y Evaluación de la Comunidad de Madrid la semana del 4 de octubre.
La Ley de regulación de la eutanasia, del 24 de marzo de este año, introduce en el ordenamiento jurídico la prestación sanitaria de ayuda para morir, y en su artículo 17 hace referencia a las Comisiones de Garantía y Evaluación que deberán crearse y constituirse en todas las autonomías como uno de los instrumentos contemplados para hacer efectiva la misma con todas las garantías.
En declaraciones a los medios tras inaugurar el Centro de Salud Baviera, el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, ha asegurado que Madrid ha seguido "todos los trámites que tenía que seguir", y ha apostillado que hay que ser "muy escrupulosos" con esta ley que genera "tanta sensibilidad social".
A su juicio, los plazos del ministerio fueron muy cortos, porque se tarda una media de seis meses en hacer un decreto, pero ahora a Madrid ya sólo le falta el dictamen de la Comisión Jurídica Asesora para aprobar el decreto que regula la Comisión de Garantía y Evaluación y el registro de objetores de conciencia.
En este punto, ha subrayado que la objeción de conciencia es un derecho de los profesionales "que tenemos que permitir siempre que quieran" y, además también ha recordado que hay un comité que evalúa los casos para acogerse a este derecho.
"No sólo es voluntad, hay que cumplir unos requisitos", ha señalado el consejero de Sanidad.
Sobre el caso de una mujer que se ha suicidado en un hotel tras haber solicitado la eutanasia en el hospital Gómez Ulla de Madrid, Escudero ha lamentado mucho su fallecimiento, pero ha argumentado que se activó el procedimiento para proceder a la eutanasia.
"Era una médico que en un primer momento fue responsable pero que luego objetó, y luego otro profesional de ese centro tomó esa responsabilidad pero consideró que no era un caso, por los supuestos que contempla la ley, para trasladar al Comité de Eutanasia", ha sostenido Escudero.