La Audiencia Provincial de Castellón desestima el procedimiento con jurado popular contra Francisco Martínez

Castellón

La Audiencia Provincial de Castellón desestima el procedimiento con jurado popular contra Francisco Martínez. Pide al juez de instrucción que pase a la siguiente fase concretando los hechos punibles, qué delitos son y cuál es el motivo por el que no procede el sobreseimiento como piden las defensas.

Noticia que les avanza Radio Castellón, la Audiencia Provincial ha estimado la petición de la defensa del ex alcalde de Vall d’Alba y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez, y no aplicará la apertura de juicio con jurado popular en la causa en la que se le investiga por la compra-venta de terrenos en Vall d’Alba.

La Audiencia Provincial de Castellón ha resuelto los recursos de las partes que presentaron las partes por la transformación del procedimiento con jurado popular, que el juez Jacobo Pin propuso a fin de continuar con la instrucción del caso.

Según ha podido saber Radio Castellón, la Audiencia pide al juez que pase a la siguiente fase concretando los hechos punibles, qué delitos son y cuál es el motivo por el que no procede el sobreseimiento como piden las defensas. Cabe recordar que en la causa también están siendo investigadas la hija del ex líder del Partido Popular, Andrea Martínez, y el empresario Raúl Babiloni.

Las investigaciones del fiscal, tras presentar su acusación en el año 2017, se centran en tres proyectos, que se realizaron en el municipio y que contemplaba el plan general de Vall d’Alba. Entre ellos un megaproyecto de más de dos millones de metros cuadrados, que estaba diseñado para albergar dos mil viviendas, hoteles e incluso un campo de golf, es decir, un pueblo nuevo, el PAI Mas de Lluna, donde Martínez tenía terrenos en propiedad que adquirió a un precio bajo , presuntanente antes de que saliera a la luz pública el proyecto.

Fiscalía advierte en el escrito de acusación que los investigados pretendían obtener un lucro ilícito de los proyectos aprovechándose de la información privilegiada de la que disponía Francisco Martínez, y tejieron una red con tres sociedades GESTINTUR, PRODEVER Y FRANVALTUR, que supuestamente utilizaron para adquirir entre los años 2005 y 2014, fincas donde estaba previsto que se construyeran los proyectos que formaban parte del Plan General.

Un caso por el que Fiscalía ha reclamado 11 años de prisión y una multa de un millón de euros para Martínez, por presuntos delitos por el uso continuado de información privilegiada por autoridad, negociaciones prohibidas, fraude administrativo y blanqueo de capitales.