El difícil camino para conseguir una vivienda en Málaga
Más de 21.000 familias en la capital malagueña están a la espera de una vivienda pública o de protección mientras los precios de los inmuebles siguen creciendo rozando su techo máximo
Foto de archivo de una promoción de viviendas en construcción en Málaga / Cadena SER
Málaga
El precio medio de una vivienda en la capital malagueña ha experimentado un crecimiento del once por ciento en la provincia de Málaga y cerca de un trece por ciento en la capital en los últimos doce meses. Un metro cuadrado de vivienda en la capital malagueña cuesta 1.800 euros.
En un informe sobre demandade vivienda pública publicado por el Instituto Municipal de la Vivienda de Málaga cifraba que, desde 2014 a 2023 serían necesarias, al menos 13.000 viviendas públicas para satisfacer las necesidades de la ciudad.
Un documento del mismo organismo cifraba que en junio de este año más de 21.000 familias están a la espera de una VPO en Málaga . Una de cada diez familias de la capital está en el registro de demandantes de vivienda pública. Más de la mitad tienen menos de 35 años
De ellas 2.300 han solicitado solo la opción de régimen de acceso en alquiler y 12.432 familias han solicitado alquiler, alquiler con opción a compra y compra (es decir, se habría solicitado cualquiera de estas opciones). Ya puedes escucharlo.
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El difícil camino para conseguir una vivienda en Málaga
En el primer trimestre del año en el Colegio de Arquitectos de Málaga apenas se registró un proyecto para construcción de vivienda protegida. Diez unidades en el municipio de Teba. En el segundo trimestre ni un solo visado de vivienda pública.
En febrero tan sólo 11 familias de las 325 que solicitaron la ayuda del último plan al alquiler del Instituto Municipal de la Vivienda en Málaga han conseguido esa prestación hoy en día, lo que supone apenas un 3 por ciento. Se trata del quinto plan de ayudas, que se aprobó el 10 de marzo de 2020 con un presupuesto de casi 1,1 millones de euros y por el cual, el ayuntamiento paga una parte del alquiler a estas familias en exclusión social -un máximo de 550 euros- y éstas abonan el resto a los dueños de los pisos. El dinero municipal se va recortando semestralmente.
