La Comunidad deberá devolver 34 millones a OHL por el tren Móstoles- Navalcarnero
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, lamenta que el nuevo revés judicial "aleje aún más la posibilidad de finalización del proyecto"
Móstoles
La Comunidad de Madrid deberá devolver 34 millones de euros a Cemonasa, filial de OHL y encargada del fallido proyecto del tren de Móstoles a Navalcarnero, tras una sentencia en contra de las sanciones impuestas en febrero de 2016 por "incumplimiento de la obligación de ejecutar la totalidad de las obras".
Según ha avanzado el diario 'El País' y han confirmado a Efe fuentes de la Consejería de Transportes e Infraestructuras, el Gobierno regional ha recibido una nueva sentencia en su contra que le obliga a devolver otros 18 millones de euros a la constructora por la ejecución de unos avales.
Esta sentencia, sumada a otra resolución previa de penalidades, obligará a la Comunidad de Madrid a reembolsar los 34 millones de euros que el Ejecutivo regional, liderado entonces por Cristina Cifuentes, impuso a Cemonasa en un expediente de penalidades abierto ante el "incumplimiento de la obligación de ejecutar las obras".
Los hechos se remontan al año 2009, cuando las obras de extensión de 15 kilómetros del trazado de la línea C5 desde la localidad de Móstoles a Navalcarnero fueron concedidas por la Comunidad de Madrid a Cemonasa, filial de OHL, bajo un presupuesto de 369 millones de euros.
Tras más de 140 millones de euros invertidos, el proyecto fue paralizado por sorpresa por la adjudicataria en 2010 y, en junio de 2015, tras cinco años de paralización, la empresa concesionaria presentó una reclamación administrativa ante la Comunidad solicitando la resolución del contrato.
Tras esta reclamación, y con un informe del consejo consultivo a favor, en febrero de 2016 la Comunidad inició un expediente de penalidades -con una multa de 34 millones de euros- y le dio a la concesionaria un plazo de dieciséis meses para la ejecución de la totalidad del contrato, plazo que terminaba en septiembre de 2017.
Sin embargo, en vistas de que la compañía no había retomado las obras, en julio de 2017, el Gobierno regional, que entonces estaba presidido por Cristina Cifuentes, ordenó finalmente la resolución del contrato por incumplimiento culpable de Cemonasa, orden que ya anuló el TSJM hace varios meses.
Además, en octubre de 2018, el Ejecutivo regional reclamó en una nueva orden a Cemonasa el pago de 355 millones de euros por haber paralizado el proyecto, orden que, como la anterior, también ha declarado nula al entender que un juez de lo Mercantil ya había aprobado el inicio de la fase de liquidación de Cemonasa.
Ahora, la justicia ha fallado de nuevo en favor de Cemonasa, por lo que el Gobierno regional tendrá que devolver, por el momento, los 34 millones de euros que el Ejecutivo de Cristina Cifuentes le cobró a la concesionaria entre ejecución de sus avales y penalizaciones por no terminar el recorrido.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, ha lamentado que el nuevo revés judicial "aleje aún más la posibilidad de finalización del proyecto". Señala la regidora que "una vez más, serán los madrileños los que paguen la desidia y la mala gestión del PP por uno de sus megaproyectos investigados por presunta corrupción".