Arranca el juicio por el Proyecto Castor que provocó más de 500 terremotos por las inyecciones de gas
Los acusados se sentarán en el banquillo ocho años después del cierre de la plataforma de gas Castor, que causó múltiples seísmos en el norte de la provincia de Castellón
Castellón
Este lunes comienza el juicio contra dos directivos de la empresa Escal UGS SL, adjudicataria del Proyecto Castor, y la mercantil como persona jurídica, por un presunto delito medioambiental.
Ocho años después del cierre de la plataforma de gas Castor, ubicada en el norte de la provincia de Castellón, este lunes se sentarán en el banquillo de los acusados representantes de la empresa ESCAL UGS y dos de sus directivos por la actividad de la planta.
El juicio se desarrollará durante 11 sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre, en las que está previsto que comparezcan un total de 189 testigos y 39 peritos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Este lunes está previsto el interrogatorio de los acusados y las declaraciones de 5 testigos.
La Fiscalía, según apuntaron fuentes jurídicas, demanda a la mercantil Escal UGS una multa de 189.000 euros, y la prohibición de realizar actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista de manera definitiva.
Además, solicita para cada uno de los dos directivos acusados 6 años de prisión, 15.600 euros de multa, inhabilitación especial para el ejercicio de profesión y oficio para actividades relacionadas con el subsuelo y el sistema gasista por un periodo de 3 años y 6 meses y costas.
La asociación Aplaca, formada por vecinos del norte de la provincia de Castellón y de Tarragona, piden compensaciones por el pánico creado por los más de 500 seísmos que sufrieron en septiembre de 2013, al parecer como consecuencia de la actividad de la planta de gas.
Joan Ferrando, el portavoz de Aplaca, ha señalado en declaraciones a Radio Castellón que piden compensaciones por lo daños morales producidos por la ola de pánico generalizado que se produjo como consecuencia de los seísmos.
La asociación de afectados Aplaca ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados. Advierten que en el periodo entre el 2 de septiembre y 17 de septiembre, cuando se ordenó la paralización de la actividad, en la zona se detectaron más de 500 seísmos de diferentes magnitudes.
El juicio continuará durante las jornadas del 19, 20, 25, 26 y 27 de octubre, cuando está previsto que tengan lugar más testificales. Ya en noviembre, el día 2 declararán 54 testigos y 6 peritos, mientras que el resto de peritos lo harán en las sesiones de los días 8, 9 y 10. Finalmente, el día 15 se reservará para la documental, las conclusiones y los informes.
