Los dirigentes de ESCAL UGS aseguran que los informes eran favorables para inyectar gas en el Castor
Además aseguran que no se ha alterado la sismicidad de la zona
Castellón
La Audiencia de Castellón ha acogido este lunes el juicio del conocido como "caso Castor", donde están acusados dos directivos de Escal UGS y que tratará de determinar la responsabilidad de los procesados en más de 500 seísmos que causó la inyección de gas en la plataforma Castor en el año 2013
Ocho años después de que se produjeran los terremotos hoy se han sentado en el banquillo de los acusados representantes de la empresa ESCAL UGS y dos de sus directivos por la actividad de la planta Castor.
El primero en testificar ha sido Recaredo del Potro quien fuera presidente de Escal UGS quien ha señalado que todos los informes de los que disponían fueron satisfactorios y que nunca sobrepasaron el umbral de inyección de gas que apuntaban como seguros para evitar los seísmos en la zona
Del Potro ha señalado que en un primer momento los primeros seísmos se detectaron lejos de la zona del Castor a unos 15 kilómetros. Pero en el momento en el que el Observatorio del Ebro afinó y los colocó cerca de la plataforma avisó a las autoridades pertinentes.
Del Potro ha defendido que la estructura había sido yacimiento de petróleo y que el conocimiento que tenían de la zona era exhaustivo. Además, ha asegurado que todos los sondeos fueron positivos para que sirviera de almacenaje de gas.
Aseguró que nadie percibió los seísmos cuando se inyectó el gas ya que las magnitudes apenas alcanzaban un grado de 2 y que fue quince días después cuando se percibieron algunos en la zona de costa.
Algunos de los seísmos fueron sentidos por la población y nueve causaron "daños de consideración" en nueve viviendas de Vinaròs y Sant Mateu, en la provincia de Castellón, y Amposta y en la Ràpita, en la de Tarragona, señala el auto de apertura de juicio oral del juzgado de Vinaròs.
El segundo en testificar está siendo el que fuera consejero delegado de ESCAL UGS, José Luis Martínez Dalmau quien ha señalado que todo estaba monitorizado y que el riesgo sísmico de la zona no se ha visto alterado y que la sismicidad que se produjo era la habitual
El juicio se desarrollará durante 11 sesiones repartidas entre los meses de octubre y noviembre, en las que está previsto que comparezcan un total de 189 testigos y 39 peritos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Este lunes está previsto el interrogatorio de los acusados y las declaraciones de 5 testigos.