Sanidad sigue sin pagar a la empresa de ambulancias que atendió las residencias al inicio de la pandemia

Madrid

Ha pasado un año y medio desde que Eduardo Aragonés, con su empresa de ambulancias Transamed, entró en más de un centenar de residencias de mayores durante 12 días y entre las fechas del 26 de marzo al 6 de abril. "Estuvimos metidos en las residencias cuando no entraba nadie, cuando se tenía miedo, cuando no había médicos, cuando los trabajadores no tenían medios de protección. Nos enviaron a hacer un estudio de campo pero llevábamos tres médicos y enfermeras y vehículos con material sanitario y soporte vital avanzado. Entiendo que si vas a una residencia donde se está muriendo gente y tienes medios lo mínimo que debe hacer una persona es intervenir, que es lo que hicimos", explica. 

Su empresa no ha cobrado nada de lo que tuvo gastar. Ahora, hace cuentas también del daño que le supuso formar parte de la llamada Operación Bicho, con una mujer sin experiencia al frente, Encarnación Burgueño, que solo tenía en su currículum ser la hija de un ex alto cargo con el Partido Popular (Antonio Burgueño ideólogo del plan de privatización de los hospitales con Esperanza Aguirre).

Este empresario va a ir a los juzgados para reclamar los 112.000 euros en los que ha evaluado los gastos que tuvo. "Se hizo daño y publicidad negativa de la empresa y eso nos hizo perder clientes. A eso tenemos que sumarle los abogados, vehículos, material sanitario, uniformes. Al principio solo pedíamos los gastos de personal porque considerábamos que era una situación de emergencia y nosotros teníamos que poner nuestro granito de arena. Pero la situación ha ido desvariando hasta el punto que ahora en lugar de tener veinte trabajadores somos tres".

Eduardo Aragonés se siente defraudado, además de estafado, porque nadie de la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con él desde aquellas semanas de finales de marzo y principios de abril del año pasado. Fuentes de ese departamento se limitan a decir que "no hubo relación contractual" pese a que la persona de Sanidad que entonces se hacía cargo de las residencias, el ex director de Coordinación Sociosanitaria, Carlos Mur, firmó un documento en el que reconocía que se pagarían los gastos a esta empresa y que debido a la situación de emergencia no se había formalizado un contrato.