El Parlament aprueba el Proyecto de Ley para establecer medidas ante situaciones de alerta sanitaria

PALMA

El pleno del Parlament ha aprobado, este martes, el Proyecto de Ley del Decreto de Ley 5/2021, por el que se modifica la Ley de Salud Pública de Baleares y el Decreto Ley 11/2020, por el que se establecen medidas ante posibles situaciones de alerta sanitaria.

La normativa ha recibido el apoyo de la Cámara balear en sus diferentes puntos: título, artículo 1, artículo 2, artículo de disposición adicional única, disposición derogatoria única, disposición final primera, disposición final segunda y la exposición de motivos.

No obstante, los diferentes Grupos Políticos han rechazado las diferentes enmiendas presentadas por El PI, Vox, PP y Ciudadanos y debatidas en el pleno. Durante su tramitación parlamentaria sí han sido aprobadas el 36% de las enmiendas.

En definitiva, este proyecto de ley establece un régimen sancionador específico para afrontar los incumplimientos de las disposiciones dictadas para paliar los efectos de la crisis derivada de la COVID-19 y de otras alertas sanitarias que se puedan dar en el futuro.

Durante la defensa de la normativa, la consellera de Salud y Consumo, Patricia Gómez, ha explicado que esta modificación de la Ley de Salud Pública de Baleares concreta medidas preventivas para que las autoridades autonómicas puedan preservar la salud pública.

Gómez, aparte de agradecer el trabajo de los profesionales sanitarios durante la pandemia y la coordinación entre administraciones, ha defendido que los datos "ayudan a pensar que se han tomado decisiones acertadas". Sin embargo, ha abundado en que el proyecto de ley establece cómo actuar ante una situación excepcional.

En esta línea, la consellera de Salud ha explicado que la norma incluye cinco nuevos artículos en los que se incluyen medidas preventivas frente a la pandemia como los controles de puertos y aeropuertos, el confinamiento de barrios, municipios o islas o sanciones ante incumplimientos de medidas, entre otros.

Ante todo, Gómez ha subrayado que, "en este contexto de crisis sanitaria", el Govern cree que este proyecto de ley es "adecuado para preservar los principios de seguridad jurídica ante una alerta sanitaria".

"Debemos seguir luchando contra la pandemia con todas las herramientas, como esta norma, para volver a una cierta normalidad", ha dicho la consellera de Salud, quien ha hecho una mención especial al proceso de vacunación, "que ha sido un éxito de la comunidad científica y de la población".

La consellera ha recordado a los Grupos Parlamentarios que "todas las excepciones" ante una posible alerta sanitaria "merecen una legislación". Por ello, ha solicitado el voto favorable insistiendo en que Baleares "debe tener este instrumento en el caso de que haya otra crisis sanitaria".

A continuación se ha procedido al debate de las enmiendas mantenidas al proyecto de ley, donde han intervenido la diputada de Vox Idoia Ribas, el diputado de Ciudadanos Juan Manuel Gómez, la diputada de El PI Lina Pons y el diputado del PP Juan Manuel Lafuente.

Ribas (Vox) ha destacado que sólo su formación hace "una oposición firme y frontal" al Govern, "instando a la supresión de todos los artículos que incluye el proyecto de ley". Así, ha adelantado que sólo apoyarán las enmiendas que sean de supresión y se abstendrán de todas las demás.

Por su parte, el diputado de Cs se ha referido a Ribas, quien ha afeado que el "partido más liberal, Ciudadanos, apoye que se coarten libertades", y ha asegurado que intentará que Vox nunca sea gestor porque "son un peligro para la democracia".

A continuación, Pons, de El PI, ha explicado que sus enmiendas piden que, por ejemplo, las medidas sean temporales, como mucho de 15 días, y que las decisiones cuenten con el apoyo del Parlament.

Igualmente, el diputado del PP ha defendido la "responsabilidad" de su Grupo Parlamentario, pero ha insistido en que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "ni legisla ni deja legislar a las comunidades autónomas, ni las defiende ni deja que se defiendan".

Además, se ha quejado de la negación del Parlament a que este texto legislativo cuente con un dictamen del Consell Consultiu para tener "un texto medianamente con garantías jurídicas".