Un acuerdo con la fiscalía permite a cinco acusados de trata de mujeres nigerianas eludir la cárcel
Organizaban el traslado a España de las víctimas para obligarlas a ejercer la prostitución bajo amenaza de un rito vudú que se les realizaba
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Vigo
Un total de tres acusados de trata de mujeres nigerianas para su explotación sexual han aceptado penas de dos años de prisión, aunque eludirán el ingreso en la cárcel tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular. Mientras, otros dos procesados en la misma causa han aceptado sanciones de 180 y 240 euros.
En una vista de conformidad celebrada en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, el tribunal ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas a los cinco procesados, que han reconocido la comisión de los delitos de que se les achacaban.
En concreto, dos de los acusados, un hombre y una mujer, han aceptado penas de prisión de dos años que serán suspendidas por un periodo de cinco años condicionado a que no vuelvan a delinquir.
Así, han sido condenados por delitos de inmigración clandestina realizados con ánimo de lucro en concurso ideal-medial con delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y servidumbre perpetrado con abuso de vulnerabilidad e intimidación a cuatro de los acusados, además de delitos de falsedad documental.
Un tercer procesado ha aceptado una pena de dos años de cárcel por un delito de inmigración clandestina realizado con ánimo de lucro en concurso ideal-medial con delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y servidumbre perpetrado con abuso de vulnerabilidad. También se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño.
Además, deberá realizar un abono de 1.500 euros en concepto de responsabilidad civil y la pena de prisión permanecerá suspendida durante cinco años con la condición de que no vuelva a delinquir.
Los otros dos acusados, un hombre y una mujer, han aceptado sanciones de 180 y 240 euros como cómplice de un delito de inmigración clandestina perpetrado con ánimo de lucro y autora de un delito de inmigración clandestina, respectivamente.
Según recoge el escrito de acusación pública, un control sobre población extranjera realizado en octubre de 2012 en la zona viguesa de O Berbés conllevó la identificación de ciudadanas de nacionalidad nigeriana que presentaban indicios de ser víctimas potenciales de trata de seres humanos. Por ello, se abrió una investigación.
De este modo, se comprobó que dos de los procesados, que eran pareja, habían acordado con otro de los acusados un pago de 6.000 euros a cambio del traslado a España de una mujer nigeriana que había sido intimidada con el pacto de la ceremonia de vudú. Así, esta permanecería bajo el control de los dos primeros y ejercería la prostitución hasta el abono total de "una deuda de elevada cuantía" que estos habían fijado y que le indicarían que debería abonar para no sufrir las consecuencias derivadas del incumplimiento del pacto de vudú.
El traslado había sido previsto para 2013, pero la dilación del mismo conllevó la rotura del acuerdo con el tercer implicado. Así, la pareja seleccionó a otro intermediario en Nigeria para facilitar el viaje a España de la mujer. La víctima fue recogida en Barcelona por uno de los miembros de la pareja, que la trasladó a una vivienda en Manlleu, donde fue rescatada por la Brigada Central de Extranjería al día siguiente de su llegada.
Por su parte, en junio del mismo año, otra procesada captó en su ciudad natal de Nigeria a otra mujer a la que ofreció viajar a España para ejercer la prostitución hasta abonarle una deuda que fijó en 5.000 euros. También se aseguró de que se realizase el rito vudú a la víctima para garantizarse el pago del importe.
Posteriormente, según indicaciones de la acusada, la mujer se desplazó hasta Lisboa, donde aseguró ser menor al ser interceptada y fue trasladada a un centro de menores que abandonó poco después. Así, otro de los acusados la recogió y la trasladó a su domicilio, situado en Redondela (Pontevedra), hasta la llegada de la procesada.
Esta segunda víctima tampoco llegó a ejercer la prostitución al ser descubierta por la Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional que había activado el protocolo de protección.
