Cooperación, solidaridad y políticas públicas, claves contra la despoblación

Teruel

El papel de las administraciones públicas, con medidas que involucren a todas las instituciones en clave de cooperación, una financiación adecuada que atienda al coste real de los servicios y la solidaridad entre territorios son las claves que se han identificado este lunes como las idóneas para luchar contra la despoblación y favorecer la vertebración territorial.

Representantes de todos los niveles de la administración, sindicalistas y empresarios, académicos o miembros de entidades sociales participan este lunes y martes en Teruel en el "Diálogo por el futuro de la España Despoblada", una iniciativa del Gobierno de España, la Comisión Europea, el Parlamento europeo y otras 70 instituciones públicas que quiere contribuir a ofrecer una mirada prospectiva sobre diferentes asuntos, impulsando conversaciones plurales e informadas sobre las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentarán España y la UE en el mundo post-covid.

Para hablar de despoblación, el Gobierno de España ha elegido Teruel, una provincia símbolo de la lucha de la España vaciada que, sin embargo, para el presidente aragonés, Javier Lambán, "no es en absoluto el prototipo de la España abandonada", sino que es "ejemplo" de la revitalización y una provincia que "funciona y tiene mucho futuro por delante".

El diálogo incluye varias mesas redondas acerca de la provisión de servicios públicos en entornos poco poblados, el papel de Europa para frenar la despoblación en España, la dinamización de los municipios rurales o el futuro de las ciudades medias.

La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha inaugurado estas jornadas en un acto en el que ha reafirmado el compromiso del Gobierno por acercar la justicia a los territorios para fomentar la cohesión territorial y social y ha anunciado que trabaja en un nuevo modelo de red vertebradora para sustituir los juzgados de paz por oficinas judiciales municipales.

Las oficinas contarán con los recursos necesarios para que los habitantes del medio rural puedan acceder a sus carpetas ciudadanas y con servicio de acompañamiento para evitar cualquier tipo de brecha digital o generacional.

"Es necesaria una cohesión territorial y social para que hasta en los lugares más pequeños puedan acceder a los recursos de la justicia", ha dicho Llop, quien considera que con este nuevo modelo en el que están trabajando se incrementará el bienestar y la igualdad de la ciudadanía.

Varios ponentes han insistido y la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha coincidido en considerar que el reto más importante a la hora de afrontar la despoblación es la creación de empleo.

Es tarea de las administraciones públicas, ha añadido, generar oportunidades y puestos de trabajo, atendiendo a las distintas realidades de cada territorio.

En este sentido, la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado en la mesa redonda en la que ha participado que el programa DUS 5000 de Desarrollo Urbano Sostenible para municipios de menos de 5.000 habitantes, cuya convocatoria se abrió el pasado viernes con ayudas por 75 millones, se va a incrementar en otros 250 dado el éxito con el que se ha abierto el plazo, que ha "desbordado" las expectativas.

Este éxito demuestra, según ha dicho Ribera, que hay "gran apetito" y "ganas" de hacer cosas en los pequeños pueblos, que reciben "con gran entusiasmo" cualquier propuesta que venga acompañada de financiación.

La consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, encargada de las políticas de Reto Demográfico en la nueva ejecutiva federal del PSOE, ha considerado que cualquier proyecto político tiene que tener en cuenta la lucha contra la desigualdad territorial y ha insistido en la necesidad de la colaboración institucional, tanto a nivel provincial como con otras Comunidades Autónomas, y en la creación de sinergias con colectivos empresariales y sindicales que conocen cuál es la realidad del territorio y pueden plantear soluciones.

Una solución pasa indefectiblemente, según Lambán, por una reforma "sustancial y radical" de la financiación autonómica, para que esta contemple el coste real de los servicios en cada comunidad.