Un informe de Seguridad señala que la ordenanza de convivencia se basa en la que promovió Castedo en 2011

Alicante

La ordenanza de convivencia cívica que pretende aprobar el bipartito en el próximo Pleno, está basada en la normativa que en su día promovió el equipo de gobierno de la exalcaldesa Sonia Castedo. Es lo que se reconoce en un informe elaborado por técnicos de la Concejalía de Seguridad, al que ha tenido acceso Radio Alicante.

Recordamos que la ordenanza de Castedo fue criticada duramente en su día por la oposición, por ser muy restrictiva y atacar a las víctimas. Es decir, a las mujeres que ejercen la prostitución y a los mendigos. De hecho, se llegó a proponer que la Policía Local pudiera incluso requisar la limosna a los indigentes. Finalmente, fue retirada por el tripartito de izquierdas en febrero de 2016 por atentar contra los más vulnerables.

Sin embargo, la ordenanza que pretende aprobar ahora el equipo de gobierno de Barcala se basa en ese documento de Castedo, y no en el documento base propuesto por la Federación de Municipios y Provincias, tal y como ha venido defendiendo el bipartito desde que se retomó el proyecto de ordenanza.

Eso sí, el informe de los técnicos de Seguridad señala que, aunque esta ordenanza se basa en la de Castedo, "se ha redactado un texto más amplio y generalista que aspira a convertirse en un código de conducta ciudadana". Y anuncia que la intención es revisarlo cada tres años para adaptarlo "a las nuevas contingencias que surjan y suprimiendo las obsoletas".

La edil del PSOE, Llanos Cano, ya venía apuntando esta posibilidad, teniendo en cuenta que la normativa de la FEMP recoge más de 180 artículos y la de Barcala apenas medio centenar. Por ello, la socialista acusa al equipo de gobierno de intentar engañar a la ciudadanía desde hace más de un año.

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Cuando se derogó la anterior ordenanza en 2016, Ciudadanos aseguraba en sesión plenaria que estaba de acuerdo "por atentar contra los más vulnerables". Además, reclamaba una alternativa que permitiera aplicar "medidas sociales concretas" para proteger a las víctimas. Sin embargo, el documento que ahora apoya el socio de gobierno del PP recoge sanciones coercitivas contra las prostitutas y los mendigos, "pero ninguna medida social para ayudarles", concluye Llanos Cano.

Precisamente, el propio alcalde Barcala también se ha referido a la normativa. Asegura que "no persigue a los vulnerables sino a las mafias" y critica a todos los que van contra esta ordenanza porque, dice, "regula cuestiones mucho más allá de la prostitución o la mendicidad". Además, se muestra convencido de que las alegaciones permitirán modificar la ordenanza y completarla.

Plataforma contra la Pobreza

Por otra parte, la Plataforma contra la Pobreza y la Exclusión de Alicante ha presentado un escrito en el Ayuntamiento pidiendo la retirada de esta ordenanza "por favorecer el uso discriminatorio de los espacios en la ciudad y criminalizar la mendicidad y la prostitución".

El documento, que está apoyado por más de una veintena de colectivos de la ciudad, critica que las medidas coercitivas son las herramientas menos adecuadas para lograr la protección e inclusión social de colectivos vulnerables. "La imposición de sanciones solo logrará penalizar más a estas personas y colectivos con graves dificultades, y darles un trato como si de delincuentes se tratara", advierten.