Miércoles, 01 de Diciembre de 2021

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Pilar de Lara presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional

La ex jueza del uno de Lugo, que ahora trabaja en un juzgado de Ponferrada, llevó casos como la Operación Carioca, sobre redes de prostitución en la provincia, o temas también relacionados con corrupción política como la Operación Pokémon, el Garañón o la Operación Pulpo, entre otras muchas causas.

De Lara ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional luego que fuera sancionada por el Consejo General del Poder Judicial

De Lara ha presentado recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional luego que fuera sancionada por el Consejo General del Poder Judicial / Galiciapress

La ex jueza del número uno de Lugo, Pilar de Lara, ha presentado recurso de amparo, en concreto lo hacía ayer lunes 22, ante el Tribunal Constitucional luego que fuera sancionada por el Consejo General del Poder Judicial, una sanción que la apartó del destino por dilaciones indebidas en las causas que llevaba en Lugo.

El abogado, Agustín Azparren, ha precisado que el recurso se sustenta sobre “tres pilares”, uno de ellos fundamentado en el “hecho de que los vocales de la comisión disciplinaria que son los que imponen la sanción, frente a las resoluciones de esa comisión disciplinaria se presenta recurso ante el pleno del consejo y del pleno del consejo forman parte los propios vocales de esa comisión y revisan su propia resolución”.

“Es una cosa bastante irregular que no ocurre en casi ningún sistema. Hay que revisar sí ese sistema es conforme a la Constitución o no. Puede tener influencia en una pérdida de imparcialidad de esos vocales que han resuelto y han vuelto a resolver”, ha esgrimido.

A esto suma “la propia legitimidad del Consejo General del Poder Judicial, lo del nombramiento parlamentario que está generando retraso en la renovación del consejo y que muchos organismos europeos, incluso sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicen que por lo menos la mitad de los jueces que forman parte del Consejo General del Poder Judicial tienen que ser elegidos por jueces y no por el parlamento para evitar cualquier influencia política”. “En este caso se da la circunstancia que era una jueza que estaba investigando casos de corrupción de cargos políticos. Tiene una relación muy directa”, ha sentenciado.

Azparren también argumenta que otra condición que aducen en el recurso es el “que se refiere a una denegación de una prueba, de la indefensión que se causó al desoírse la prueba que se pedía y que era fundamental, que era la de los inspectores del Consejo General del Poder Judicial que vinieron a varias inspecciones en los años 2013, 2014 y 2018”, en el juzgado de instrucción número uno de Lugo.

A este respecto, el abogado madrileño ha recordado que “los primeros inspectores destacaban la gran dedicación (a las investigaciones) de la magistrado y de repente en el 2018 se la echaba la culpa de todos los retrasos”. “Era importante esa declaración para ver que había cambiado. Se denegó y lo denegó el Tribunal Supremo, lo que es una vulneración de un derecho fundamental”, se afana en precisar.

Agustín Azparren ha precisado que ahora toca esperar “la admisión a trámite”, dejando caer que “estadísticamente entre un 4 y un 5 por ciento se admiten a trámite”.

“Primero tendrá que pasar ese trámite que no depende de sí existe o no vulneración, sino que tenga transcendencia constitucional”, ha subrayado el abogado.

Ya sí no se admite a trámite, puntualiza Azparren, “queda abierta la vía del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y sí se admite a trámite, los recursos de amparo en el Constitucional” pueden tardar en “resolverse” entre “uno o dos años”.

El abogado de Pilar de Lara se apresura en aclarar finalmente que “en el Tribunal Constitucional los recursos de amparo son motivos distintos”, con respecto a lo que se vio previamente en el Supremo que tumbó el recurso que habían presentado. En este caso se valoran cuestiones “específicas a la vulneración de derechos fundamentales”.

La ex jueza del uno de Lugo, que ahora trabaja en un juzgado de Ponferrada, llevó casos como la Operación Carioca, sobre redes de prostitución en la provincia, o temas también relacionados con corrupción política como la Operación Pokémon, el Garañón o la Operación Pulpo, entre otras muchas causas.

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