Imputados dos policías nacionales y dos mossos por la denuncia de un presunto traficante de armas

Barcelona

Los investigadores, investigados. Y víctima y acusado, unidos contra la policía. La operación Yakir, de extorsión, tráfico de armas y blanqueo ha acabado en un culebrón judicial que puede dar al traste con una investigación de casi tres años. Una jueza de Barcelona ha imputado a dos subinspectores de la policía nacional y a un subinspector y un cabo de los Mossos d'Esquadra tras una denuncia de denegación de auxilio judicial, falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos, según la documentación a la que ha tenido acceso la Cadena SER. Les acusa Aleksejs Dircenko, presidente de una naviera, LUMAR, acusado en la Audiencia Nacional de dirigir una trama de tráfico de armas y blanqueo. Fue él quien recurrió a los Mossos cuando empezaron a extorsionarle. Cuando empezaron a investigar, en lugar de dar con el extorsionador, descubrieron una presunta organización liderada por quien, en principio, era la víctima. Entonces, según la denuncia, Mossos y Policía Nacional emprendieron una investigación paralela junto a la Fiscalía Anticorrupción, sin informar a la jueza, que en principio tutelaba la investigación.

Por ello, el próximo 25 de enero deberán declarar como investigados los agentes de la Sección de Europa del Este de la Unidad Central de Delincuencia especializada y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de Barcelona, ambas de Policía Nacional; además del Área Central de Crimen Organizado y la Unidad Central de Blanqueo, estas dos, de los Mossos d'Esquadra. "El hecho de que se haya iniciado una investigación contra Mossos y Policía Nacional, provoca una gravísima nulidad, ya que toda la investigación nace de un delito cometido por los investigadores", aseguran desde la defensa de Direcenko, ejercida por el Despacho Matilla & Blay.

Para entender el embrollo, hay que remontarse a octubre de 2017. Aleksejs Dircenko, nacido en Letonia pero vecino de Barcelona desde los años 90, presentó una denuncia ante los Mossos. Le habían contactado en Barcelona, amenazando con hacer daño a su familia y luego le habían citado en Rusia unos extorsionadores. Le pedían hasta 6 millones de euros, y amenazaban con enviar a las autoridades de España, Suiza, Rusia o Ucrania documentos falsos con su firma que le implicaban en accidentes marítimos y actividades de blanqueo. Dircenko señaló ya entonces a su antiguo socio en la delegación ucraniana de la naviera LUMAR, Vyktor Murenko, como el autor de la extorsión. Un mes después, la jueza archivó el caso. Dictó el sobreseimiento provisional de la causa al no haber encontrado al autor: "la complejidad de los hechos y del modus operandi delictivo exigen no precipitarse", escribió la jueza, en un auto que añade que el carpetazo "no supone en modo alguno el abandono de las investigaciones por parte de la policía, que se mantienen activas".

La investigación no había parado, aunque ni el juzgado ni el directivo lo sabían. Pidierona hasta cuatro veces a los Mossos cómo avanzaban las pesquisas. Los policías respondieron al juzgado dos de ellas. La primera, el 22 de marzo, pidiendo tiempo para analizar los datos de la denuncia. Estaban investigando. La segunda fue tres años después, apenas unos días antes de que Dircenko y otras ocho personas, algunas de su familia, fueran detenidas a raiz de una investigación paralela. "Cuando los Mossos dijeron que necesitaban tiempo para analizar los datos, en realidad ya lo habían hecho. Unos días antes (en concreto, una semana) habían presentado un atestado de más de 50 folios en la Fiscalía Anticorrupción con todo ese análisis", lamenta la defensa del empresario. "Decían que actuaban bajo la tutela del juzgado de Barcelona, que ya ha dicho que no es verdad", señala.

Dos años después los investigadores piden reunirse con la jueza para mostrar unos avances sorprendentes: la víctima se había convertido en acusado, al mando de una trama de blanqueo y tráfico de armas a gran escala. La fiscalía hacía tiempo que lo sabía. De hecho, incluso había presentado una querella en la Audiencia Nacional contra Dircenko y sus colaboradores, gracias al informe de los Mossos y la Policía Nacional. Los investigadores les habían informado de la "existencia de una organización criminal de carácter transnacional que se habría asentado" en Catalunya y Valencia, en concreto, en Barcelona y Calpe. "Dircenko dirige y controla, desde España desde antes del 2000 una red de sociedades internacionales como armador de buques mercantes implicados en tráfico de armas", escribía después el fiscal.

Dircenko, según ellos, estaba implicado en el rescate de 3,2 millones de euros que se pagó en 2008 al buque ucraniano Faina, capturado por piratas somalíes mientras transportaba armamento pesado a Kenia des de Odesa, el principal puerto de la mafia rusa. En su interior: 33 carros blindados y armamento. El barco estaba gestionado per una naviera en manos del empresario ucraniano Aleandrovich Alperin, conocido como "el rey del contrabando". Cinco años después se intercepta en Grecia otro buque con 20.000 fusiles con destino a Siria, un barco que, según Estados Unidos, se había usado antes para tráfico de drogas. En 2017, también en aguas griegas, paran un tercer barco: el Mekong Spirit. Este último está gestionado directamente por LUMAR, la compañía dirigida por Dircenko. En su interior 52 contenedores, cargados en Santander, y 29 contenedores procedentes de Turquía, todos repletos de armas y explosivos dirigidos a Sudan. En septiembre de 2020, sin embargo, un tribunal de Grecia, le absolvió. Estableció que la carga del Mekong era legal y que el destinatario era una empresa del Gobierno de Sudan destinada a la minería. Las armas de su interior se habían destruido para evitar un accidente como el acaeido en Beirut.

La Fiscalía daba cuenta también de un complejo entramado societario, dedicado presuntamente a hacer aflorar beneficios procedentes, según el fiscal, del tráfico de armas. "Aparentemente no tienen en España disponibilidades financieras, ni inversiones significativas, lo que contrasta fuertemente con su alto nivel de vida en territorio español, los altos sueldos de los que han disfrutado y los inmuebles de los que disponen en España (...) en varias sociedades hay un único empleado por cuenta ajena y, en otras, no declaran empleados durante varios ejercicios", apuntaba el fiscal sobre los negocios de Dircenko. Se acusaba a Dircenko y a su presunto extorsionador, Murenko, además de 7 personas más y 6 sociedades mercantiles por los delitos de blanqueo de capitales procedentes de un delito de tráfico de armas y por delito de organización criminal. Todos ellos fueron detenidos hace poco más de un año y la Audiencia Nacional envió a prisión preventiva a tres de ellos, incluido Dircenko y Murenko, presunta víctima y extorsionador, unidos ahora contra la investigación policial. La defensa del empresario critica que los investigadores obviaran el presunto delito de extorsión que Dircenko había denunciado. "Es lógico pensar que la investigación de un delito de blanqueo de capitales, no supone impedimento para la investigación de un delito de extorsión", critican desde el bufete, recriminando también que la Fiscalía, "conociendo que había un Juzgado investigando esos hechos, iniciase una investigación paralela".