Martes, 07 de Diciembre de 2021

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El Gobierno debe preservar nuestra salud

La firma de NIcolás García Rivas, catedrático en Derecho Penal

El Gobierno debe preservar nuestra salud

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Tras la reunión mantenida ayer por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la Ministra de Sanidad Carolina Darias afirmó con mucho aplomo que el Gobierno no iba a regular para la totalidad del Estado español las medidas necesarias para preservarnos de la pandemia "porque el Tribunal Supremo ya había marcado la pauta", refiriéndose a que es la Justicia la que debe establecer los criterios para requerir o no el certificado Covid y para aprobar o no las restricciones necesarias para evitar la propagación de la pandemia.

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En mi opinión, se trata de una decisión impropia de un Gobierno democrático y consciente de su deber. Porque la Constitución establece una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas que permite a éstas adquirir competencias en materia de sanidad (según el artículo 148), pero ello no impide que en situaciones de máxima alarma mundial (no sólo española) por un grave problema de salud pública, sea el Gobierno del Estado quien regule para todo el país los criterios a los que atenerse para preservar la salud.

La Constitución obliga a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. Para ello se aprobó en 2011 una Ley de Salud Pública que establece una distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades autónomas, es cierto, pero cuyo artículo 14 establece que "corresponden al Ministerio de Sanidad las siguientes funciones en materia de vigilancia en salud pública:

a) La gestión de alertas de carácter supraautonómico o que puedan trascender del territorio de una comunidad autónoma.

b) La gestión de alertas que procedan de la Unión Europea, la Organización Mundial de la Salud y demás organismos internacionales."

Cuando nos encontramos ante un problema de salud que afecta a todo el planeta, cuyas directrices vienen marcadas precisamente por la Organización Mundial de la Salud, no es de recibo que un Gobierno que se dice responsable delegue en la autoridad judicial la gestión de la pandemia. No lo sería nunca, pero menos aún cuando dicho Poder ha demostrado con frecuencia mantener su propia hoja de ruta, que no atiende tanto a los problemas de los ciudadanos como a su propia necesidad de confrontar políticamente con el Gobierno democrático. Si éste se desvanece, ya sabemos quién ganará la partida.

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