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IU pide explicaciones por la actividad económica de una empresa ligada a un Diputado provincial del PP

Desde el partido tachan al equipo de gobierno de la Institución Provincial de falta de transparencia en la gestión pública

IU pide explicaciones por la actividad económica de una empresa ligada a un Diputado provincial del PP / Radio Segovia / Cadena Ser

Segovia

Izquierda Unida de la provincia de Segovia solicita explicaciones al presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, por las posibles contrataciones o subvenciones a una empresa que hasta el 9 de octubre del 2020 estaba administrada únicamente por el Diputado Provincial Jaime Pérez Esteban, Viceportavoz 2º y delegado del Servicio de Recursos Humanos y Gobierno Interior.

La empresa se llama JM PLASEGES AGUA S.L. y está especializada en el tratamiento sanitario y el control técnico de aguas. Según aseguran desde IU ha realizado y realiza trabajos en diferentes municipios de nuestra provincia de forma habitual.

Pues bien, el citado 9 de octubre del 2020 la empresa pasa a ser administrada por un familiar directo de Jaime Pérez Esteban, el mismo día que la Junta de Castilla y León anunció un protocolo oficial de actuación con el objetivo de promover el establecimiento de sistemas de depuración y tratamiento de aguas en los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes, con una inversión en torno a los 140 millones de euros (40% aportado por la Junta, otro 40% por las diputaciones y el 20% restantes por los ayuntamientos).

“El presidente de la Diputación debería de dar explicaciones de cómo una empresa que hasta finales del 2020 ha pertenecido a un diputado y está siendo contratada para realizar servicios en multitud de municipios de la provincia y que, además, hoy día pertenece a un familiar directo”, aseguraba Carlos Serrano, responsable de movimientos sociales de Izquierda Unida en Segovia.

Serrado destacaba que “es una curiosa coincidencia que justo el mismo día que el señor Pérez Esteban deja de ser administrador único de la empresa es el mismo día que se firma el acuerdo para que la Junta apruebe el protocolo, junto con los 9 presidentes de las Diputaciones Provinciales, y nos parecen demasiadas coincidencias y algunas cuestiones sospechosas”.

Desde Izquierda Unida han asegurado que no tienen pruebas que acusen directamente a la Diputación de un caso de prevaricación. Van a continuar investigando el caso y no dudan de llevarlo a los tribunales si consiguen recabar información fehaciente.

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