Cataluña prohíbe estancias y visitas a los padres sospechosos de maltrato

El Govern de Cataluña ha aprobado este martes un decreto ley para proteger a los menores víctimas de violencia vicaria que prohíbe el régimen de visitas, estancias o comunicación con los hijos a los progenitores sobre quienes pesen "indicios fundamentados" de que ejercen violencia machista.

Lo ha anunciado la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, en la que ha detallado que esta modificación del Código Civil catalán, que convierte en obligatoria una potestad judicial que hasta el momento no se ejercía "en la inmensa mayoría de veces", entra en vigor a partir de hoy.

De acuerdo con Ciuró, cuando exista una denuncia por parte de Fiscalía o haya un proceso judicial abierto contra progenitores acusados de ejercer violencia machista, se les prohibirá visitar, estar o comunicarse con sus hijos por cualquier medio, incluidas las llamadas telefónicas, para "prevenirlos de situaciones de riesgo" y evitar que puedan ser utilizados para dañar a la pareja, a menos que un juez "lo motive de manera muy explícita".

"La mayoría de menores víctimas de violencia vicaria se producen durante las estancias con el padre", ha resaltado Ciuró, quien ha advertido que este fenómeno "crece año tras año" y suele producirse "cuando la pareja se disuelve, está separada o en régimen de divorcio en que el agresor no tiene la guardia".

Tendrán prohibidas comunicaciones, estancias y relaciones con los hijos

También tendrán prohibidas las estancias, comunicaciones y relaciones con sus hijos los padres que se encuentren en un proceso penal por atentar contra la vida, la integridad física o moral, la libertad o la indemnidad sexual del otro progenitor o de los menores, o bien que estén en prisión por este tipo de delitos.

No obstante, en casos excepcionales, en los procesos civiles de separación y divorcio, el juez podrá establecer un régimen de estadías y comunicaciones que sea beneficioso para niños y adolescentes, siempre que se les haya consultado antes. Estas medidas serán retroactivas, de forma que quienes insten un procedimiento judicial de revisión podrán beneficiarse de los nuevos cambios: "Haremos difusión máxima de este decreto ley", ha prometido la consellera.

Hasta ahora, los jueces tenían la potestad para suspender las visitas y comunicaciones en casos de violencia machista, pero este extremo no era de obligado cumplimiento y los tribunales, ha indicado Ciuró, solían "priorizar que la relación entre padres e hijos no se rompiera", por lo que "apenas se concedían estas restricciones". Prueba de ello es que, según los datos del Gobierno, de las 47.000 órdenes de protección a mujeres que se dictaron en 2019, solo en un 3 % de los casos se suspendieron las visitas entre el agresor y sus hijos.

Por eso, la titular de Justicia ha asegurado que el nuevo decreto aborda también la violencia institucional, garantizando la protección de los niños y adolescentes. El nuevo decreto ley incluye también un nuevo párrafo por el cual ya no será necesario el consentimiento del progenitor agresor para que los equipos profesionales presten atención y asistencia psicológica a los menores afectados, ni tampoco cuando se haya dictado una sentencia condenatoria mientras no se extinga la responsabilidad penal.

Además, aunque no exista denuncia previa, el consentimiento no será necesario cuando la madre reciba asistencia, acreditada por los servicios de atención y recuperación integral para mujeres víctimas de violencia machista, aunque la asistencia psicológica a mayores de 16 años requiere su consentimiento. En lo que va de año, han muerto un total de cinco menores víctimas de violencia vicaria, uno de ellos en Cataluña.