Lunes, 17 de Enero de 2022

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La jueza se ratifica en el procesamiento del alcalde de La Nucía por su vacunación presuntamente irregular

Contra el auto, en el que la titular del juzgado de Instrucción número 2 de Villajoyosa desestima el recurso presentado por Bernabé Cano, cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial

El alcalde de La Nucía y diputado de Deportes del PP, Bernabé Cano, el día de la vacunación en la residencia de mayores de la localidad

El alcalde de La Nucía y diputado de Deportes del PP, Bernabé Cano, el día de la vacunación en la residencia de mayores de la localidad / La Nucía TV

El juzgado de primera Instancia e Instrucción número 2 de Villajoyosa ha desestimado el recurso de reforma del alcalde de La Nucía, el popular Bernabé Cano, contra el auto de la jueza en el que ve indicios de delito de prevaricación y cohecho por vacunarse presuntamente de manera irregular. Contra este auto cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial.

Mantiene la jueza, según el auto al que ha tenido acceso Radio Alicante, que el primer edil se personó en la residencia el 6 de enero de 2021 a iniciativa propia junto con el edil de Sanidad y acompañado de miembros del gabinete de prensa. Lo hizo tras conocer el inicio del proceso, cuando informó la responsable de Salud Pública del inicio de la vacunación "cumpliendo con sus funciones", lo que resulta "sorprendente" que se interprete como "convocatoria oficial".

Además, siguiendo a las declaraciones de los testigos, la jueza asegura que Cano accedió a la residencia de mayores "en su condición de alcalde y diputado provincial".

También que el alcalde "aceptó" que se le suministrara la vacuna "a sabiendas que no le correspondía" recibirla en ese momento y que existen "indicios suficientes para considerar que se le ofertó" por la condición de autoridad que ejercía en esos momentos.

Y destaca que no es el ofrecimiento "expreso o tácito" de la vacuna sino su aceptación, lo "relevante a efectos penales".

Así, el auto fija que de estos hechos se desprenden indicios racionales de criminalidad que permitan atribuir al investigado presuntamente la comisión de un delito de cohecho y un delito de prevaricación administrativa".

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