Antonio Casas, el conserje de colegio que tramita el Ingreso Mínimo Vital para los vecinos de Las Moreras

Córdoba

Pasear por el barrio cordobés de Las Moreras acompañando a Antonio Casas puede implicar hacer muchos altos en el camino. Él no desespera: sonríe, pregunta o debate con cada vecino que saluda. Desde 2019, es el conserje del colegio público Antonio Gala, donde tiene su plaza definitiva tras haber pasado por otros centros de la capital cordobesa. Pero no solo lo conocen por eso.

Como todos, tiene este instante grabado en la memoria: el 14 de marzo de 2020, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba la aprobación del primer Estado de Alarma por la pandemia de la Covid-19. El país se cerraba, la actividad no esencial se paralizaba y la educación pasaba a ser a distancia, así que Antonio debía quedarse confinado en casa.

La llamada de una amiga hizo que no tuviera que hacerlo. "Ella trabaja en Servicios Sociales del Ayuntamiento y desde el principio se temía que su negociado iba a colapsar", relata, "me contó que en su centro de trabajo necesitaban a un ordenanza para contestar las llamadas que llegarían porque no se cubría esa vacante y una hora después me estaba ofreciendo como voluntario".

Aunque Casas ya era una persona ligada a la acción social y humanitaria, desde el momento en que descolgó aquel teléfono por primera vez, su vida y nivel de implicación con el barrio iban a cambiar. Vinieron tres meses de voluntariado "frenéticos, atendiendo una media de 100 llamadas diarias". De cada una, anotaba en su cuaderno los detalles del caso, una forma de contacto y otros datos básicos. Un recuento rápido a esas hojas deja ver más de 3.400 anotaciones.

"Ahí me di cuenta de la dificultad que supone para las familias acceder a ayudas, servicios o documentación que les permita hacer una gestión con la administración", comenta Antonio, que después de esa experiencia decidió "poner a disposición de la gente de mi barrio los conocimientos que tengo".

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Obtener un certificado digital, solicitar el Ingreso Mínimo Vital al Estado, hacer cualquier trámite con la administración por vía telemática o simplemente tener un ordenador y conexión a internet, no es algo que en Las Moreras pueda hacer todo el mundo. "Aquí la brecha digital es real", enfatiza Antonio sobre uno de los quince barrios más pobres de España según el Instituto Nacional de Estadística, cinco de los cuales se encuentran en Córdoba.

Así que este egabrense de 55 años afincado en Córdoba capital empezó a asesorar a sus vecinos y a realizar para ellos algunas gestiones "una vez me autorizan para ello", apostilla. La opinión de su familia es unánime: "Mi mujer y tres hijos me dicen que tendría que haber sido abogado", bromea, aunque el desarrollo profesional de Antonio está lejos de un bufete, sino cerca de las vías.

"Con 19 años empecé a trabajar en Renfe, he sido ferroviario gran parte de mi vida y me gustaba lo que hacía aunque viajaba permanentemente; cuando la relación con mi mujer se consolidó, decidimos asentarnos en Córdoba", rememora el ahora conserje. Pero esa etapa en la empresa de transporte iba a hacer posible la labor social que desempeña hoy, "puesto que me impliqué en la actividad sindical y formaba parte del Comité Intercentros, lo cual me llevó a leer mucho derecho y familiarizarme con el lenguaje jurídico".

Ese lenguaje complejo para todos. Una retórica que puede retorcerse todavía más para la población de un barrio del Distrito Noreste con altos índices de paro y fracaso escolar. Así que, prácticamente a diario, "vecinos vienen a la portería del colegio y me preguntan, por ejemplo, por su recurso de la Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía". Aquí Antonio empieza una labor de 'traducción', pero no sin antes advertirles "de lo importante que es ir a la escuela, para que nadie tenga que interpretarte lo que dice la administración".

"No me entiendo con la palabra indiferencia, si puedo echar a una mano no contemplo mirar hacia otro lado, aunque tenga que pasar toda la tarde leyendo expedientes o buceando en la normativa, porque tampoco concibo que una administración le dé con la puerta en la nariz a un ciudadano o se comunique con él de una forma incomprensible", lamenta Casas.

Claro que el número de horas del día no se estira más. Eso llevó a Antonio a establecer un contacto directo con la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH-A), que "tienen un equipo fantástico en Córdoba y además ofrecen asesoramiento jurídico gratuito para personas en situación de vulnerabilidad, así que con ellos he trabajado conjuntamente o les derivaba los asuntos que yo no podía o sabía atender".

Miriam Jurado es abogada, colabora con la APDH-A y lleva varios meses faenando mano a mano con el conserje. Asegura que "él apenas reconoce el mérito que hay en lo que hace, pero la labor que está realizando por Las Moreras de forma altruista y desinteresada es impagable". Desde que empezó con esa labor de asesoramiento, "son más de un centenar de familias a las que ha ayudado Antonio"

Y ahora, esa misma asociación ha reconocido su trabajo con el Premio Derechos Humanos APDH-A 2021, que también ha galardonado a la Fundación EMET-Arcoiris por su proyecto de acogida de refugiados Ödos, localizado en Montilla.

"Yo no me siento un ser extraordinario", confiesa Antonio Casas, "solo intento guiarme por el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos", ese que reza que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. De hecho, admite que la actividad solidaria que realiza no debiera ser necesaria y refleja "que los servicios públicos están debilitados".

Eso sí, confiesa, el premio le hace ilusión, además de darle aliento para seguir. Porque queda mucho por hacer, asegura al destacar que acuden a él "madres y padres muy jóvenes que se han visto con unas cargas familiares a una edad en la que yo, cuando la tenía, ni me planteaba tener hijos".

Por ello, su obsesión ahora es avanzar en que haya más beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital en el barrio, "porque dignifica a las personas", así como seguir avanzando en la rehabilitación de viviendas del barrio o exigiéndole a las administraciones que se coordinen entre ellas, con las ONG, la Iglesia y la ciudadanía. Todo ello, sin dejar de abrir la cancela del Colegio Antonio Gala cada día, a las nueve de la mañana.