2021: balance de los derechos

Albacete

Para hacer balance del respeto a los derechos humanos en nuestro país durante el año que termina es imprescindible apreciar que vivimos bajo esta nube tóxica llamada "pandemia", que obliga a analizarlo todo bajo su perspectiva o, al menos, a tomarla en consideración seriamente.

En el ámbito de los derechos, el espaldarazo del Tribunal Constitucional a la pena de prisión permanente revisable, o sea la cadena perpetua -digámoslo sin remilgos- ha sido un jarro de agua muy fría que no por esperable ha causado menos estupefacción. No aprecia el Alto Tribunal que se trata de una pena inhumana, degradante y que contrasta frontalmente con el principio de resocialización de las penas que proclama la propia Constitución. Tampoco ayuda que un Gobierno progresista, que encabezó el recurso contra dicha pena, haya declarado, por boca de su Ministra de Justicia, que "La sociedad no merece que el Gobierno reabra ahora este debate que genera incertidumbre en cuestiones de gran sensibilidad", porque la política está precisamente para mancharse las manos con una decisión política de gran calibre como habría sido la derogación de la cadena perpetua, al modo en que Mitterrand abolió la pena de muerte en Francia hace 40 años, y declaró "No voy a esconder mi pensamiento. En mi conciencia profunda, estoy contra la pena de muerte (...) No me hace falta leer los sondeos que dicen que la mayoría está a favor". Evidentemente no se trataba de una cuestión de conciencia personal sino de valentía política.

Muy relevante me parece también la decisión del Tribunal Constitucional español sobre los estados de alarma decretados por la pandemia. Una decisión aplaudida paradójicamente por aquellos que muestran ensoñaciones fascistas y que ha supuesto un revés durísimo contra un Gobierno que gestionó con las herramientas jurídicas que tenía una situación absolutamente extraordinaria, pero que no tiene nada que ver -diga lo que diga el Tribunal Constitucional- con el estado de excepción, previsto en nuestra legislación para alteraciones del orden público. Tampoco estaría mal que ese Gobierno desautorizado tramitase un proyecto de ley que le permitiera decretar restricciones de derechos sin temor a la batalla política de un Tribunal Constitucional que en los últimos tiempos no parece desdeñar su papel de ariete contra un Gobierno legítimo. Desactivar ese arma le corresponde a la iniciativa política del Gobierno, que quizá se muestra demasiado indolente en esa tarea.

Por último, considero gravísimo que se permita a un partido político el bloqueo de un órgano constitucional tan relevante como el Consejo General del Poder Judicial y que dicho bloqueo no tenga consecuencias no sólo políticas sino jurídicas, en forma de desautorización en la Ley de Partidos. Si éstos son -según reza el art. 6 de la Constitución- el "instrumento fundamental para la participación política" realizar una conducta de tan grave deslealtad institucional merecería una dura sanción política que podría conllevar incluso, si fuera reiterada, su desaparición. La democracia no se construye a base de prebendas oligárquicas y actos de tamaña deslealtad merecen una durísima sanción.