Trabajar en la función pública: mi padre, mi hijo y yo... La saga de los García

Albacete

No es nada infrecuente escuchar en el discurso de algunos políticos que la gestión de los servicios públicos a cargo de la Administración es menos eficiente que la ejercida por empresas privadas, concesionarias de los mismos. Esta cantinela, repetida hasta la saciedad, termina por calar en una opinión pública engañada mediante un discurso que oculta los graves inconvenientes de la concesión a la empresa privada, sobre todo en términos de igualdad. La gestión sanitaria de la pandemia quizá haya devuelto la lucidez a más de uno: sólo una sanidad pública potente puede hacer frente a problemas sanitarios graves. En el caso de la Universidad, la pública gana por goleada a la privada, pese a que ésta tiene cada vez más cuota de mercado.

De acuerdo con el Estatuto de los empleados públicos, los funcionarios estamos al servicio de los ciudadanos y de los intereses generales, no de prebendas o querencias particulares, y alcanzamos esa condición bajo los criterios de mérito y capacidad, por oposición. La inmensa mayoría de nosotros procura alcanzar una alta cota de satisfacción de los usuarios y para ello realiza su trabajo con enorme afán y constancia. Por lo demás, estamos sometidos a un régimen disciplinario estricto que lleva a la expulsión de la Administración si se cometen infracciones muy graves.

Este conocimiento del trabajo público lo adquirí de mi padre, que ocupaba el último lugar en la escala administrativa del Ministerio de Agricultura, concretamente en el Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, localizado hace años en lo que ahora es el complejo de la Moncloa. Fue siempre un humilde y cabal funcionario, que ganaba mucho menos de lo necesario para mantener a una familia numerosa como la nuestra. En mi caso, dedicado a la enseñanza, el aprendizaje de mis estudiantes es la única finalidad de mi trabajo docente, del servicio público que realizo; obviamente, nadie me presiona para hacer esto o aquello por criterios de mercado, que son los criterios por los que se rige -no hace falta subrayarlo- una empresa privada dedicada a la enseñanza. Y la saga continúa ahora con mi hijo Mario, recién incorporado al alto funcionariado de arquitectura y urbanismo de la Comunidad de Madrid, territorio en el que esos principios que rigen nuestra actuación se someten sin duda a las pruebas más rigurosas, habida cuenta de los intereses en juego.

Hay sagas de médicos, abogados, militares…la nuestra es de funcionarios. Respondemos por García, como tantos otros…y nuestro único patrimonio es el servicio público al Estado.