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El bucle del bulo y la manipulación

La firma de Manuel Ortiz Heras, Catedrático de Historia Contemporánea

Cadena SER

Albacete

Hasta la conocida como Ley Fraga, por el ministro que la promovió desde Información y Turismo, la libertad de prensa fue, como otros muchos derechos fundamentales, abolida, constreñida o cercenada en aquella España sometida por la dictadura. La ley de prensa de 1966 supuso un cambio de escenario que, sin llegar a abolir la censura ni garantizar la libertad de expresión y opinión, al menos, contribuyó a que en las cabeceras del Movimiento o la Iglesia y en los pocos tabloides de algunas empresas privadas, como La Vanguardia o el ABC, los periodistas pudieran escribir entre líneas y con muchas dosis de retórica y funambulismo semántico sobre cuestiones que verdaderamente preocupaban a los españoles, sin caer en el dominante discurso adulador y correcto con el régimen.

Siguiendo esa estela, en la etapa final del franquismo se empezaron a leer críticas veladas y comentarios menos laudatorios sobre lo que acontecía en un país que mantenía sus constantes vitales políticas pero que estaba cambiando socialmente a marchas forzadas. Poco a poco, al compás del crecimiento de los movimientos sociales y las protestas en la calle y en las fábricas, nos fuimos familiarizando con personajes, organizaciones semiclandestinas y actuaciones prodemocráticas que contribuyeron a la liquidación del caduco régimen.

En la Transición se hizo especialmente relevante el papel de la prensa como cuarto poder. Por poner sólo un ejemplo, el 29 de enero de 1977, después de una semana trágica en la que se habían cometido asesinatos -cinco abogados laboralistas en Atocha- y secuestros -del presidente del Consejo de Estado y del Consejo Supremo de Justicia Militar- los principales medios escritos -ABC, Arriba, Diario 16, El Alcázar, El País, Informaciones, Pueblo y Ya- publicaron un manifiesto titulado "Por la unidad de todos", donde advertían de la grave situación y clamaban por el cambio en unos momentos de "crisis nacional, cuando fuerzas poderosas amenazan a la esencia misma del Estado y tratan de usurpar por la violencia el mandato popular en favor de la democracia y la paz, la prensa considera que es su obligación hacer un llamamiento a la unidad de todos, sin exclusiones". Ciertamente aquel espíritu de concordia no fue muy duradero, pero en la etapa de consolidación democrática el país conoció unos niveles de pluralismo informativo y, en general, noticias veraces y contrastadas, que contribuyeron a alcanzar estándares similares a los países de nuestro entorno.

Al comienzo de la década de los noventa se entró en un etapa de crispación política a la que contribuyeron algunos notables periodistas y tabloides. Juan Luis Cebrián habló del "sindicato del crimen" para describir al enemigo. Lo articularon periodistas agrupados en la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes, constituida como tal en 1994, con Camilo José Cela de presidente, e integrada por directores de periódicos, locutores de radio líderes –Luis del Olmo, José María García y Antonio Herrero– y también Federico Jiménez Losantos. Luego llegarían a la Cope, desde donde desarrollaron su conjura contra el gobierno y contra el Grupo Prisa.

Por desgracia, lejos de ser algo coyuntural, aquellas trincheras mediáticas no han hecho más que enquistarse y estar más, si cabe, al servicio de intereses espurios. Tanto se ha normalizado el fenómeno que hemos sido muy críticos con el fenómeno de las falsas noticias en Norteamérica sin detenernos en lo que estaba campando aquí. Sin muchas esperanzas ni ilusiones, ahora me gustaría levantar la voz contra el linchamiento político que se pretende contra un ministro al que simplemente se le atribuyen declaraciones que no ha pronunciado y se le tergiversa su discurso, aunque, en el fondo, haya mucha gente que piensa como él. ¿Hasta cuando tendremos que asistir a este filibusterismo?

 
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