Lunes, 17 de Enero de 2022

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El detalle de los precios máximos de las unidades móviles: de 950 a 8.400 euros diarios cada una

Las órdenes de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente permiten a las propias empresas certificar los servicios prestados

Unidad móvil para realizar test de antígenos

Unidad móvil para realizar test de antígenos / ICAL

Las órdenes emitidas por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente para externalizar la realización de pruebas de antígenos en unidades móviles aportan más información acerca de las cantidades máximas que la Junta de Castilla y León ha acordado con las tres empresas a las que ha adjudicado a dedo este servicio. 

Estas tres órdenes, publicadas en la Plataforma de Contratación del Sector Público, tiene una parte común: la justificación para acudir al procedimiento de emergencia. Así, se recuerda que queda supeditado a que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de "acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afecten a la defensa nacional".

En el presente caso -continúa el texto- "concurren los requisitos necesarios para acudir a contratación de emergencia pues nos encontramos en un momento en que la infección se está extendiendo a niveles muy preocupantes, con más de 60.000 infecciones diarias en nuestro país, y en un periodo muy corto de tiempo". 

Una "recomendación" de enero de 2021

Se hace alusión a una "recomendación" del Consejo de la Unión Europea, del 20 de enero de 2021, once meses antes, que plantea "seguir utilizando las pruebas rápidas de antígenos" dado que constituyen "un pilar clave en el control y la mitigación" de la pandemia. Sin embargo, no hay referencias a las que hace el Comité de Expertos en una reunión celebrada el 17 de diciembre, pocos días antes de que se anunciaran estas unidades. En el acta, lo que los expertos que asesoran a la Junta recomiendan es la contratación de más técnicos en cuidados auxiliares de enfermería para realizar "pruebas diagnósticas de infección activa" en los puntos "de mayor demanda". 

El documento, firmado por el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, señala que es necesario adoptar medidas "de carácter excepcional que permitan atajar la infección identificando aquellos lugares en los que existe una alta tasa de transmisión mediante la realización masivas de pruebas de detección por lo que se debe actuar de modo inmediato", y añade  que "acudir al procedimiento ordinario de contratación resulta inviable ante la situación actual".

Por último, se apunta a que es previsible que esta situación de excepcionalidad "no se prolongue más allá del mes de febrero toda vez que como ha ocurrido en situaciones precedentes es el tiempo que se ha demostrado que tras unas tasas de incidencia acumulada ese es el periodo en que la evolución de la pandemia vuelve a tasas razonables y controladas". 

A partir de esta justificación, que según las fuentes administrativas consultadas por la SER será revisada de manera "exhaustiva" por el Consejo de Cuentas, la Junta detalla las condiciones en las que las tres empresas -Ambuibérica SLU, CSM Logística Farmacéutica SLU y Biorama Guijuelo SL.

En todos ellos, se apunta que las pruebas se realizarán entre el 4 y el 31 de enero, en 19 jornadas, durante un máximo de 10 horas diarias.  No obstante el punto dos del anexo, idéntico en todas las órdenes, indica que a "criterio de la Consejería de Sanidad" las pruebas podrán ampliarse otras 20 jornadas adicionales en febrero. 

Precios máximos y "aproximados"

A partir de aquí, llegan las diferencias porque cada empresa plantea unos recursos humanos y técnicos diferentes, con unos precio máximos dispares, que no aparecen justificados en los anexos. 

Así, en el caso del contrato más cuantioso (2.956.606,38 euros), el de la empresa gallega CSM Logística Farmacéutica, la empresa dispone un máximo nueve unidades móviles compuestas por cuatro técnicos sanitarios, tres administrativos o auxiliares y tres personas de apoyo y coordinación. El precio máximo de cada unidad móvil se establece en 8.423, 38 euros.

En cuanto a la oferta de Biorama Guijuelo, que ya resultó adjudicataria de otro contrato de emergencia, este firmado el 27 de diciembre de 2020, también para la de realización de tests, "en un vehículo adaptado", con un plazo de ejecución establecido en tres fechas: 30 de diciembre de 2020, 2 y 3 de enero de 2021, la empresa dispone de un "máximo" de 12 unidades móviles integradas por siete personas "para llevar a cabo las pruebas". En este caso no se especifica qué perfil profesional tienen estos trabajadores. A esas siete personas se añade un conductor. El precio, en este caso, es de un máximo de 5.000 euros por unidad pero se añade que este precio es "aproximado", a diferencia de lo que ocurre con las dos adjudicatarias. Biorama Guijuelo tiene como administrador a Julián Ramos, que hasta 2019 fue alcalde del municipio salmantino y procurador del PP en las Cortes de Castilla y León. Para este contrato se contempla un total de 2.340.000 euros. 

El tercer lote (1.096.875 euros), correspondiente a Ambuibérica, fundada por un antiguo alcalde y diputado provincial del PP de Valladolid, determina en el apartado 4, correspondiente a las características de las unidades móviles, que se dispondrá de un máximo de 25: cinco "de gran capacidad" con cuatro técnicos en emergencias sanitarias, y otras 20, " de pequeña capacidad", con dos profesional del mismo tipo. El precio máximo por jornada es de 1.825 euros en las grandes, y 950 euros en las pequeñas. 

En todos los casos, las empresas se comprometen a aportar suficientes efectivos "para ocuparse de los accesos al lugar donde se desarrollan las pruebas, el mantenimiento de las colas, la distribución de flujos de entrada y salida, etc.".  Sin embargo, en algunas de las convocatorias, por ejemplo, la que tuvo lugar en Laguna de Duero (Valladolid) fue necesario que el Ayuntamiento del municipio recurriera a los servicios de Protección Civil ante la incapacidad del equipo desplazado para organizar la realización de las pruebas. En ningún punto de los documentos se aclara cómo se distribuyen las unidades móviles en el territorio, es decir, qué empresas actúan en qué zonas. 

En cuanto al pago, el punto décimo establece que se hará "por meses naturales" previa emisión de la factura correspondientes "una vez finalizado el mes al que se refiera". Junto a ella debe presentarse "una liquidación detallada y certificada" -no se especifica por quién- "de los servicios prestados que contenga, al menos, las fechas, lugares y horas de las pruebas realizadas" así como "una relación del personas empleado y del número de test realizados". Para pagar la factura, se establece como necesario un informe favorable "de la Consejería de Sanidad" que acredite que los servicios se han ejecutado "correctamente". 

También, en el apartado undécimo se abre la puerta a que estas empresas, a su vez, subcontraten el servicio "a otras compañías del mismo sector de actividad" de acuerdo a lo que dicta la Ley de Contratos del Sector Público. 

Todos los gastos de personal, incluidos salarios, dietas o kilometraje, también son a cuenta de las adjudicatarias. La Junta, en el apartado 9 de los anexos, se compromete a facilitar los test y facilitar el acceso a sus sistemas informáticos para incluir los resultados de las pruebas. 

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