La Fiscalía pide un año y nueve meses de prisión para el exconsejero Antonio Cerdá por el 'Caso Topillo'

Murcia

El fiscal de Medio Ambiente de la Región de Murcia, Miguel de la Mata, ha remitido al juez instructor del Caso Topillo el escrito de acusación en el que pide la apertura de juicio oral para una treintena de personas y empresas. 

La investigación del 'Caso Topillo' se centra en ver si hubo personas y empresas responsables de los vertidos de nitratos procedentes del Campo de Cartagena al Mar Menor. La Fiscalía de Murcia, con fecha del 10 de enero, emitió el informe de acusación en el que pide la apertura de juicio oral contra más de 30 personas y empresas por delitos de medio ambiente.

Entre ellas está el exconsejero de Agricultura, Antonio Cerdá, para el que se pide la pena de 1 año y 9 meses de prisión junto a una multa de 16 meses con cuota de 12 € diarios, e inhabilitación especial para el ejercicio de cargo público y del derecho de sufragio pasivo durante un periodo de 9 años y costas.

El escrito de acusación dice al referirse a los hechos que atribuye a Cerdá que este se limitó a establecer “una previsión formal” para evitar los vertidos, pero que realmente no hizo nada al no controlar el cumplimiento de los programas de actuación sobre el uso de abonos nitrogenados en las explotaciones agrícolas.

En cuanto al excomisario de Aguas y actual director general del Agua en la Generalitat valenciana, Manuel Aldeguer, añade el fiscal, su responsabilidad reside en que, pese a que conocía la existencia de gran número de sondeos y desalobradoras en el Campo de Cartagena que no contaban con la autorización debida, no llevó a cabo una actuación inspectora sobre los sondeos.

Con respecto a los agricultores y empresas a los que acusa, el ministerio público reclama para ellos penas que van desde los cinco meses hasta los seis años de prisión, además de responsabilidades civiles que llegan hasta la cifra, en algún caso, de 1,4 millones de euros, por el daño producido en el medio ambiente.

Por otro lado, solicita que se declare el sobreseimiento provisional de la causa contra Rosario Quesada, que fue presidenta de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), al considerar que el control de la existencia de pozos y desalobradoras ilegales correspondía al comisario de Aguas.

El escrito de acusación recalca que el Mar Menor viene sufriendo desde hace años un deterioro creciente como consecuencia, principalmente, de los vertidos procedentes de las explotaciones agrícolas, pero, también, por la presión urbanizadora, el turismo y las aportaciones procedentes de las aguas subterráneas del Campo de Cartagena.

El documento añade que los vertidos de la agricultura han ido a un ritmo creciente debido al uso generalizado de abonos nitrogenados para la optimización de las cosechas, para señalar igualmente que, como el agua procedente del Trasvase Tajo-Segura fue insuficiente, se acudió a la realización de pozos para extraer recursos subterráneos.

El ministerio público recuerda que el Mar Menor cuenta con varias figuras de protección medioambiental, como las de Paisaje Protegido, Área de Interés Geológico y de Protección de Fauna Silvestre y Humedal de Importancia Internacional, además de estar incluido en la Red Natura 2000.