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El Govern descarta que la cúpula de Bomberos se lucrara de los contratos, pero sí admite disfunciones

Aseguran que por el momento no hay ningún indicio de que los funcionarios de Interior se hayan beneficiado

Bombers de Barcelona / Getty Imágenes

Barcelona

El Departamento de Interior catalán sostiene que no hay "ningún indicio" de que altos cargos de los Bomberos de la Generalitat se hayan beneficiado económicamente de los contratos del cuerpo que investiga la justicia, pero admite "episodios de insuficiencia de crédito" por "disfunciones" en los procesos de licitación.

Fuentes de la consellería han asegurado que se está actuando con "total transparencia" ante la investigación judicial a la cúpula de los Bomberos de la Generalitat, incluido el director general de Prevención Joan Delort, por presuntas irregularidades en facturas infladas y supuesto pago de comisiones en el servicio de mantenimiento de vehículos del cuerpo.

Sin indicios por el momento

Según estas fuentes, hasta el momento no hay "ningún indicio" de que funcionarios de Interior se hayan beneficiado económicamente de los contratos investigados ni hayan "maniobrado" para favorecer a la empresa adjudicataria, la sevillana Iturri S.A..

El Departamento de Interior atribuye las irregularidades investigadas a "disfunciones" en los procedimiento de licitación y de mantenimiento de los vehículos que, aseguran, en los últimos cinco años han producido "de manera recurrente episodios de insuficiente de crédito".

Las mismas fuentes indican que, desde el inicio de la legislatura, el actual equipo de Interior, encabezado por el conseller Joan Ignasi Elena, de ERC, está trabajando para "revertir" la situación, con medidas que pasan por una mejora en la gestión de los circuitos de control de la ejecución de los contratos, un proceso de licitación que amplíe la concurrencia y una dotación presupuestaria suficiente para atender las "necesidades reales" del servicio.

Según ha detallado el Departamento de Interior, en los últimos 20 años se ha contratado externamente el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de la flota de vehículos de la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios (DGPEIS). Este servicio tiene un alto nivel de complejidad, añaden, tanto por la singularidad de los vehículos de los bomberos como por la necesidad de prestar el servicio a todo el territorio y con disponibilidad permanente.

Desde 2002, la empresa Iturri S.A. ha sido siempre la adjudicataria de todas las licitaciones que se han tramitado por este servicio y, en la práctica totalidad de ellas, fue la única licitadora. Según mantiene Interior, el procedimiento consistía en que los parques de bomberos hacían las peticiones iniciales, las validaba el DGPEIS o las regiones de emergencias y, posteriormente, la empresa llevaba a cabo la reparación, en talleres propios o concertados.

"Un retraso importante"

Ello generaba, añade la consellería, un "retraso importante" en la facturación que dificultaba el control de la disponibilidad del crédito, lo que acababa provocando que, a partir de determinado momento del año, los encargos generaran una facturación para la que no había cobertura de crédito disponible.

A ello se sumaba, agregan la fuentes, el "envejecimiento" del parque de Bomberos, que provocaba una "presión sobre el servicio" sin una dotación presupuestaria suficiente para hacerle frente. Esas "disfunciones" motivaron la tramitación de dos reconocimientos extrajudiciales de crédito, uno a finales de 2016 y otro en 2019, y en 2020 se constató que se estaba volviendo a repetir la misma situación, por lo que se plantearon medidas de contención que resultaron insuficientes.

De hecho, a finales de marzo de 2021, la facturación presentada por Iturri S.A, cuyo responsable en Cataluña también está imputado, había consumido ya el 71% del crédito anual disponible. El 3 de mayo de 2021, añade el Departamento, la secretaría general abrió una información reservada, que se cerró el 21 de mayo, cinco días antes de la toma de posesión de Elena y apenas dos semanas antes de que lo hiciera Delort, y se decidió enviar el expediente a la Fiscalía y a los Mossos d'Esquadra.

Tras una "evaluación inicial" de la situación, la consellería adoptó varias medidas "urgentes", entre ellas resolver el contrato con Iturri al prever el "agotamiento inminente" del crédito, redactar los pliegos del servicio para 2022, con un 46% más de presupuesto, y encargar una auditoría de la facturación.

En noviembre, se adjudicaron cuatro contratos simplificados, uno de ellos a una empresa distinta a Iturri. Con estas actuaciones "está previsto restaurar la normalidad del servicio de mantenimiento en el primer trimestre de 2022, con una dotación presupuestaria suficiente para no volver a caer en la insuficiencia de crédito", garantiza el Departamento.

También se están abordando reformas estructurales para corregir a largo plazo las "disfunciones" sufridas por el servicio, como cambios en la licitación para facilitar la concurrencia de empresas o la modificación de la estructura orgánica del DGPEIS para separar las funciones de prescripción de necesidades de las de diseño y gestión de los procesos de contratación.

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