La Comisión de Peticiones UE pide más datos sobre el desprendimiento en Zaldibar
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado más información a las autoridades vascas y a la Comisión Europea
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado más información a las autoridades vascas y a la Comisión Europea. / Cadena SER
Bruselas
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha reclamado más información a las autoridades vascas y a la Comisión Europea sobre el derrumbe del vertedero de Zaldibar, que causó la muerte de dos trabajadores en 2020, después de que un ciudadano pidiera investigar una posible infracción de la legislación europea sobre gestión de residuos y vertederos en este incidente.
La presidenta de esta comisión, la popular Dolors Montserrat, optó por mantener abierta la revisión de esta petición y por solicitar a la Comisión Europea que les remita toda la información de la que dispongan sobre el accidente y un informe que explique dicha documentación y la investigación que ha efectuado Bruselas al respecto.
Además, tanto al Ejecutivo comunitario como al Gobierno Vasco les piden que les mantengan actualizados sobre los desarrollos en los procesos judiciales y de investigación.
La petición la trasladó a la Eurocámara Carlos Alonso en nombre de la Asociación Vecinal de San Lorenzo (Ermua), de la plataforma ciudadana Zaldibar Argitu y de la asociación Ekologistak Martxan Bizkaia para pedir que se investiguen posibles violaciones de la legislación europea en el accidente de febrero de 2020 en el vertedero de residuos no peligrosos de Zaldibar.
En el accidente, dos trabajadores del vertedero Alberto Sololuze y Joaquín Beltrán, quedaron sepultados por una masa de residuos acumulados y apilados en el vertedero. El cuerpos de Beltrán nunca se recuperó.
El incidente, destacó Alonso, “no fue casual, accidental o imprevisto”, sino que supuso “una crónica anunciada de una explotación deficiente por los dueños y un control insuficiente por las autoridades” en la que se unieron la “avaricia” de los dueños del vertedero y la “tolerancia” del gobierno al “incumplir sus obligaciones” de vigilancia.
“La inestabilidad del vertedero tiene mucho que ver con su explotación, la calidad y cantidad de los residuos que se enterraban allí: un vertedero con capacidad para 2,7 millones de metros cúbicos y una previsión de llenado de 35 años en solo nueve años había recibido más de la mitad, 17, millones de metros cúbicos. Todo ello, sin el necesario control de las autoridades”, advirtió Alonso.
Por ello, las asociaciones denunciantes creen que se vulneraron las normativas europeas sobre gestión de residuos y afirmaron que quedan a la disposición tanto de los eurodiputados como de la Comisión Europea para seguir aportando información complementaria y actualizada.
El representante de la Comisión Europea se dirigió a Alonso para pedirle precisamente información adicional y señaló que “podría haber elementos de legislación europea pertinentes en este caso”, aunque apuntó a que aún hay procedimientos jurídicos en marcha sobre violaciones medioambientales cuyo resultado deben esperar.
En su primera investigación, compartió el representante comunitario, Bruselas fue informada de que la entidad explotadora del vertedero disponía de una autorización válida en el momento del accidente y de que, durante la fase de operaciones del vertedero, la autoridad competente cumplió los requisitos de la directiva sobre vertederos y sobre las emisiones industriales.
Por lo que se refiere al vertido de amianto en el vertedero, las autoridades confirmaron que la eliminación de estos residuos estaba permitida en el vertedero de conformidad con la legislación comunitaria.
