LA PALMA

Más de 1.240 hectáreas fueron arrasadas por la lava, incluyendo 369 hectáreas agrícolas, principalmente plataneras. No obstante, la lava no solo afectó terrenos destinados a la agricultura, sino que destruyó a su paso cerca de 3.000 edificios y causó daños en otros 3.000, dejando sin hogar a unas 2.300 personas. Las vías de comunicación también fueron blanco de la devastación, con 92 km de carretera perdidos.

Miles de vecinos fueron evacuados de manera rápida y caótica, teniendo muchos de ellos que dejar atrás a sus mascotas y animales de granja. Oficialmente, no hubo víctimas mortales, aunque meses después sí que falleció una persona por inhalación de gases al acudir a su vivienda cuando aún no estaba autorizado.

Aunque se han movilizado cientos de millones de euros en ayudas, la reconstrucción es lenta y compleja. Muchas familias siguen esperando soluciones definitivas y el recuerdo del desastre sigue muy presente en la vida cotidiana de los palmeros.

El Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de La Palma y los ayuntamientos de Los Llanos de Aridane y El Paso, ha comenzado a retirar las casas contenedor y de madera instaladas tras la erupción. Esto se está haciendo a medida que los afectados reciben las compensaciones económicas por la pérdida de sus viviendas.

A pesar de los avances, más de 100 familias (unas 200 personas) siguen viviendo en casas contenedor, muchas de las cuales presentan graves deficiencias. Estas estructuras cuentan con problemas como la oxidación, filtraciones de agua o falta de aislamiento térmico. Muchas de estas viviendas improvisadas no cumplen con la normativa de habitabilidad, pese a que algunas de estas podrán ser reutilizadas en futuras emergencias o para instalar un centro de control de gases en zonas como Puerto Naos y La Bombilla, donde aún persisten niveles peligrosos de gases volcánicos.

Se han adquirido 53 nuevas viviendas en Los Llanos de Aridane, financiadas por el Gobierno de Canarias, que estarán disponibles en unos 15 meses. Estas casas se destinarán a personas que, aún habiendo recibido compensaciones, no pueden acceder a una vivienda en el mercado libre. La burbuja inmobiliaria y el auge del alquiler vacacional han dificultado aún más el acceso a viviendas dignas para los afectados.

GASES VOLCÁNICOS Y HABITABILIDAD El dióxido de carbono (CO₂) sigue siendo el principal problema. Aunque es incoloro e inodoro, se acumula en zonas bajas como sótanos y garajes, creando ambientes incompatibles con la vida.

ZONAS AFECTADAS Más de 800 viviendas ya tienen autorización para ser habitadas; sin embargo, aún existe una “zona negra” donde el 60% de los sensores registran niveles peligrosos de CO₂. Como parte de las medidas de mitigación se han instalado 175 estaciones de monitoreo y se aplican técnicas como la ventilación forzada, barreras físicas y el sellado de filtraciones. Además, el Cabildo ha creado un comité técnico para adaptar soluciones específicas a cada espacio.

REAPERTURA Y VIDA COTIDIANA Desde finales del verano pasado, casas y negocios han comenzado a reabrir. Algunos locales, como el Beach Bar Puerto Naos, han podido abrir parcialmente (solo un 33% del espacio), mientras que otros siguen cerrados por acumulación de gases en zonas clave como sótanos. Los vecinos viven pendientes de los medidores de gases en sus móviles y los bomberos realizan controles frecuentes.

IMPACTO SOCIAL Muchos residentes tuvieron que abandonar Puerto Naos y aún no han regresado, las ayudas económicas y los ERTE están en riesgo de finalizar, lo que genera preocupación entre los comerciantes locales. Puerto Naos está lejos de ser un pueblo fantasma, pero la recuperación es desigual y depende de la evolución de los gases en cada zona.