La confianza exige control

Para empezar. Dato mata relato. No existe un problema de fraude en la RGI. Según Trabajo, las investigaciones policiales por presuntos fraudes o documentación falsa fueron 267 en 2021 y 224 este año, el doble. Entre 50.000 perceptores, la media es del 0,5 por ciento.

Más que a las arcas del sistema, por tanto, afecta a su credibilidad. Da munición a quienes lo cuestionan, porque no es la primera red de empadronamientos falsos desarticulada. Y seguimos igual. Así que, ahora, en la nueva ley que el Gobierno ha llevado al Parlamento, el control se refuerza. Sobre todo, porque para agilizar el cobro solo se exigirá, de entrada, una declaración responsable. Se confía en el solicitante. Y la confianza exige rigor en la comprobación: revisión trimestral e inspección bienal con algoritmos e inteligencia artificial. Nueva unidad de inspección. Y consecuencias más graves para defraudadores y cooperadores.

Eso es lo que prevé la Ley. El Gobierno sabe que en el control se la juega. Que el fraude, por excepcional que sea, afecta a la credibilidad y valoración de todo el sistema. Si se quiere poner en valor, hay que reconocerlo y combatirlo.