Sociedad

Los vecinos de Mendoza se oponen a la construcción de 64 chalets

Aseguran que "transformaría una zona agrícola en una ciudad dormitorio", además de suponer problemas de paso y abastecimiento de agua

La construcción de los 64 chalets duplicaría el número de casas actuales / AYUNTAMIENTO VITORIA

Vitoria

Los vecinos de Mendoza se oponen a la construcción de 64 chalets que plantean los dueños del llamado sector 41. En estos momentos, el crecimiento está parado mientras el Ayuntamiento de Vitoria revisa el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), pero los propietarios de los terrenos —mayoritariamente Laboral Kutxa— no están de acuerdo y quieren seguir adelante con la construcción. Los vecinos, por su parte, han denunciado en SER Vitoria que esta construcción "transformaría lo que ahora es una zona agrícola en una ciudad dormitorio".

Raúl Iturricha, el presidente de la Junta Administrativa de Mendoza, ha explicado que "no se oponen a que el pueblo crezca, pero quieren que lo haga de forma sostenible". El presidente de la Junta Administrativa ha asegurado que en el pueblo hay "terrenos sin construir y casas vacías sin ocupar", por lo que consideran que "no hay demanda" para construir estos chalets.

La construcción de estos 64 chalets supondría duplicar el número de casas de un pueblo que ahora mismo tiene medio centenar de ellas y poco más de 100 habitantes censados. Este crecimiento ocasionaría más problemas de paso de los que ya tienen actualmente con un puente de unos tres metros de ancho para acceder al pueblo. Además, también habría problemas de abastecimiento de agua. "Tendrían que cambiar la canalización porque no hay suficiente caudal de agua y la depuradora que tenemos en el pueblo tampoco tiene capacidad", ha explicado Raúl Iturricha. En este caso, Iturricha ha señalado que "la Junta Administrativa tendría que vender terrenos para desarrollar una depuradora más grande".

La Junta de Compensación, en la que Caja Laboral tiene una representación del 80%, va a llevar a los tribunales la suspensión de las licencias hasta final de año. La paradoja de todo esto es que al representar la Junta Administrativa del propio pueblo solo el 10%, está obligada a ir en contra de los propios intereses de la mayoría de los vecinos. "Nosotros estamos en contra, pero nos vemos obligados a ir a ese litigio y tendremos que pagar los costes que ello suponga", ha explicado Iturricha.

 
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