El ayuntamiento de Donostia y el Ministerio de Defensa recurren la sentencia que ordena proteger los cuarteles de Loiola

San Sebastián

El Ayuntamiento de San Sebastián y el Ministerio de Defensa han recurrido el fallo judicial que otorga protección a los edificios de los cuarteles de Loiola, a la vez que ultiman las negociaciones para acordar el traspaso de los terrenos que ocupan, lo que podría darse en breve, sin esperar a la resolución de los tribunales. El alcalde donostiarra, Eneko Goia, así lo ha anunciado este martes en la rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Gobierno municipal, en la que ha asegurado que ambas administraciones han decidido "no detener el proceso de negociación" y "no esperar" a las sentencias que emita el Tribunal Supremo sobre sus respectivos recursos, que interpusieron el pasado 27 de septiembre, último día del plazo que tenían para hacerlo.

Goia ha asegurado, además, que las conversaciones para acordar la forma y condiciones en que el Estado traspasará los terrenos que actualmente ocupa el acuartelamiento militar -unas 20 hectáreas- están "muy avanzadas", hasta el punto de que, en su opinión, "el acuerdo está cerca". Preguntado por la posibilidad de que Ayuntamiento y Defensa culminarán ese acuerdo antes de que el Supremo resolviera sus recursos, ha dicho que "podría darse el caso". Es más, "ése es el escenario más probable", ha remarcado.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) emitió en julio pasado una sentencia que, estimando parcialmente un recurso de Vox, obligó a incluir los cuarteles en el catálogo de inmuebles protegidos de la capital guipuzcoana.

El primer edil donostiarra, que ya anunció entonces que el consistorio recurriría el fallo pero después de ser analizado conjuntamente con el Ministerio de Defensa, en el marco de las conversaciones que mantienen hace meses para plasmar el compromiso político sobre la cesión de los terrenos adoptado por el Gobierno central, ha explicado hoy que los recursos de casación interpuestos la semana pasada ante el TS son "diferentes" puesto que cada administración argumenta según sus "intereses" competenciales.

Ha indicado al respecto que el abogado del Estado, en nombre del Gobierno, se opone en su documento a que se haya producido "de facto" una catalogación sobre "un bien de su propiedad" sin que "haya tenido participación" en ello, mientras que el recurso del Ayuntamiento critica el fallo del alto tribunal vasco en relación al PEPUC, el plan municipal para la protección de inmuebles, y "reivindica sus competencias urbanísticas" en esta materia. Se trata por tanto de recursos distintos en los que "cada uno defiende su posición desde su punto de vista" pero con "argumentos complementarios", ha zanjado.