Sube la RGI y se rebaja el acceso a 18 años y el requisito de padrón

Las cuantías de la prestación social de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) subirán teniendo como referencia el indicador de la tasa de riesgo de pobreza y se rebajarán tanto la edad de acceso a esta ayuda de 23 a 18 años cumpliendo una serie de requisitos, como los años requeridos de empadronamiento para ciertos colectivos vulnerables.

Estas son las tres grandes novedades que se incorporarán en la Ley que regulará el Sistema Vasco de Garantía de Ingresos e Inclusión, cuyo proyecto se encuentra en tramitación parlamentaria, después del acuerdo alcanzado entre PNV y PSE-EE, los dos socios del Gobierno Vasco, y Elkarrekin Podemos-IU, que fue dado a conocer ayer lunes.

El contenido del acuerdo ha sido explicado en rueda de prensa en la Cámara vasca por los parlamentarios de la coalición morada Miren Gorrotxategi y David Soto, quienes han destacado la importancia de este pacto que ampliará los derechos a recibir esta prestación a colectivos que hasta ahora no podían acceder a la misma.

También PNV y PSE-EE, a través de una nota, han expresado su satisfacción por un acuerdo que agiliza la gestión de las ayudas, amplía las coberturas, aumenta las cuantías y que cuenta con "un importante respaldo de los agentes sociales".

Desde el Gobierno Vasco, la vicepresidenta segunda y consejera de Trabajo y Empleo, Idoia Mendia, impulsora del proyecto de ley, ha agradecido en una nota a Elkarrekin Podemos-IU su trabajo junto al PNV, el PSE y su consejería para ampliar los consensos que ya se habían "trenzado" con las entidades sociales.

Ha dicho que la ley será "más ágil, moderna y garantista" con la vista puesta en nuevas realidades sociales que no estaban cubiertas con la finalidad no solo de que haya más personas vulnerables protegidas sino con más oportunidades para salir de la situación.

Por su parte, el portavoz del Gobierno, Bingen Zupiria, ha valorado la "actitud receptiva" que están mostrando "algunos grupos políticos" de la oposición, en este caso Elkarrekin Podemos-IU, a sellar "acuerdos de país" en cuestiones importantes y ha deseado sumar el apoyo de otras fuerzas políticas en torno a este proyecto de ley.

El Ejecutivo quiere que esta norma se apruebe "a la mayor celeridad" y para ello Zupiria ha apelado a la "buena voluntad" de todos los grupos parlamentarios. "Sería la mejor forma de que los compromisos adquiridos (en la ley) se puedan ver cumplidos cuanto antes", ha añadido.

Las cuantías de la RGI se referenciarán cada año al indicador de la tasa de riesgo de pobreza, es decir, al 60 % de la renta mediana correspondiente al conjunto del Estado. Según Mendia, este parámetro se aplicará "a partir de 2024" y el primer año se tomará como referencia el Ingreso Mínimo Vital.

Así, nunca la cuantía base a percibir por parte de un beneficiario podrá ser menor a dicha tasa, lo que implica que estas rentas no estarán sujetas a las decisiones que puedan tomar en este aspecto los distintos gobiernos, ha explicado Soto.

El parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU ha explicado que, por ejemplo, la cuantía que se establecía en el proyecto de ley de 727 euros para un adulto pasaría a ser de 803 euros, lo que equivale "al 10 % de la inflación que hay en estos momentos".

PNV y PSE han asegurado al respecto que con este indicador la ley asegurará la adecuación de la prestación a los estándares europeos fijando un límite "infranqueable".

Con respecto a la edad mínima para recibir esta ayuda actualmente figuraba un límite de edad de 23 años para su acceso, aunque con alguna excepción para menores de esa edad.

El acuerdo contempla rebajar esa edad de manera universal a los 18 años, pero con una serie de condiciones.

Entre los 18 y los 23 se requerirá que el solicitante esté registrado en Lanbide al menos un año antes de pedir la ayuda y que lleve también un año en situación de emancipación o de "vida independiente".

Entre los 23 y los 29 años se elimina ese requisito de haber estado al menos un año emancipado, ha explicado Soto.

En cuanto a las exigencias de años de empadronamiento para acceder a la RGI también gracias al acuerdo se flexibilizan para ciertas personas vulnerables.

Por ejemplo, según la coalición morada, se amplían los colectivos a los que no se les requerirá ningún año de empadronamiento como refugiados, víctimas de violencia machista y de trata de explotación sexual.

Aunque con carácter general sigue la exigencia de tener 3 años de empadronamiento para el acceso a la RGI, también se reducen estos períodos para familias con menores a su cargo o personas con discapacidad y dependencia.

Este acuerdo se plasmará durante el debate de las enmiendas en la Cámara vasca, donde el proyecto de ley llegó el pasado mes de mayo tras su aprobación por el Consejo de Gobierno.

Entre el resto de los grupos parlamentarios, EH Bildu no se ha pronunciado todavía sobre el acuerdo y lo hará cuando conozca con detalle el contenido del mismo.

Desde el grupo PP+Cs, Laura Garrido ha hecho una primera valoración en base a las informaciones periodísticas publicadas, y ha rechazado su contenido porque va en la dirección contraria a un sistema de protección social "justo, sostenible y dirigido" a la empleabilidad en el que estén "las personas que realmente lo necesitan".

A su juicio, con este pacto, PNV, PSE y Podemos "se mimetizan" en Vitoria como hacen en Madrid.

Desde el ámbito sindical, CCOO ha señalado que el acuerdo recoge las principales demandas de muchas de las organizaciones sociales y han desteacado que tanto la rebaja de la edad de percepción de la RGI como la reducción de los periodos de empadronamiento contribuirán de forma notable a la extensión de la cobertura de esta ayuda.