Azpiazu se ciñe a las cuentas pero la oposición exige abordar la fiscalidad
Los tres grupos han planteado la necesidad de hacer cambios fiscales, pero el consejero les ha respondido que la negociación "se ubica dentro del marco presupuestario y del marco competencial" del Ejecutivo
El consejero de Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, en el Parlamento Vasco. / David Aguilar (EFE)
Bilbao
El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha delimitado la negociación presupuestaria al contenido de las cuentas y a las competencias del Gobierno y ha dejado fuera la fiscalidad, aunque tanto EH Bildu, como Elkarrekin Podemos-IU y PP+Cs han reclamado abordar una reforma tributaria.
Azpiazu ha iniciado este miércoles una ronda de reuniones con los grupos de la oposición, salvo Vox, para recabar apoyos a los presupuestos para 2023 a pesar de que el Ejecutivo de PNV y PSE tiene mayoría absoluta y no necesita votos adicionales.
Los tres grupos han planteado la necesidad de hacer cambios fiscales, pero el consejero les ha respondido que la negociación "se ubica dentro del marco presupuestario y del marco competencial" del Ejecutivo. Ha valorado en todo caso que no haya "líneas rojas" porque eso hace posible continuar con las conversaciones. De hecho, el consejero los citará a una segunda reunión cuando haya analizado la documentación recibida hoy.
El principal grupo de la oposición, EH Bildu ha planteado cambiar el destino de 450 millones de los presupuestos y abrir el debate sobre fiscalidad -sin exigencias concretas solo pide abordar el tema-, a cambio de facilitar la aprobación de las cuentas como ya hizo el año pasado.
Según ha explicado su portavoz, Maddalen Iriarte, el consejero ha reconocido que el debate fiscal está pendiente pero dice que "no es el momento". Sin embargo ha defendido que es posible vincular ambas cuestiones "como se hizo con el PP" en su día.
Es una "anomalía" no abordar la fiscalidad cuando "en todas partes se está abriendo de una manera u otra el debate fiscal", ha dicho Iriarte, que ha lamentado que dos "compromisos políticos" del acuerdo presupuestario del año pasado están sin cumplir (topar los alquileres y subir el salario mínimo).
Azpiazu ha respondido en una nota que los compromisos que dependen al 100 % del Gobierno se han cumplido y en los otros ha dado pasos dentro de su capacidad.
En cuanto a los 450 millones que quiere mover EH Bildu -cifra mucho más ambiciosa que los 253 millones que permitieron el acuerdo el año pasado- 100 serán para ampliar la dotación de Finkatuz, 30 para impulsar el sector primario y poner en marcha un plan de relevo y 20 para ayudas directas a comerciantes y hosteleros para pagar las facturas
También proponen destinar 50 millones a extender el bono energético a familias con rentas inferiores a 45.000 euros, 50 a comprar en dos años mil pisos para su alquiler social y establecer la gratuidad del transporte público hasta los 12 años y por encima de esa edad a estudiantes, parados y personas que cobran prestaciones sociales.
Elkarrekin Podemos-IU no solo plantea mover partidas sino incrementar el gasto en 511 millones que saldrían del remanente generado este año por el récord de recaudación. Tras la cita, Azpiazu ha advertido de que esa cifra "supera lo viable económicamente", aunque "es un punto de partida" para seguir hablando.
La coalición de izquierdas también ha puesto sobre la mesa varios "compromisos políticos", entre ellos medidas tributarias, pero el Gobierno ha "achicado el espacio de la negociación" al decir que no está "dispuesto a asumir compromisos políticos" en el marco de la negociación presupuestaria, ha criticado su portavoz, Miren Gorrotxategi.
Ha contrapuesto esta respuesta del consejero con la actitud del PNV en Madrid, donde los nacionalistas han alcanzado acuerdos sobre las cuentas estatales a cambio de compromisos políticos como el reciente reconocimiento de las selecciones vascas de pelota y surf.
"Lo que vale en Madrid debería valer también en Euskadi", ha considerado la portavoz.
En su propuesta la coalición morada pide publificar centros educativos en municipios donde no haya oferta pública, un plan estratégico para impulsar la escuela pública valorado en 90 millones y sendas partidas de 30 millones para reducir las listas de espera en Osakidetza, reforzar la Atención Primaria y para ampliar la cartera de servicios sanitarios.
En materia fiscal, en el IRPF se pide limitar la deflactación a los tramos bajos y reducir los tipos a las rentas inferiores, y en el Impuesto de Sociedades subir el tipo mínimo al 25 %.
También plantea crear una empresa pública de renovables que comercialice con "precios asequibles" (100 millones) y prorrogar los descuentos del 50 % en el transporte público durante todo 2023.
Frente a las propuestas "extensas y cuantificadas" de estas dos coaliciones, el grupo PP+Cs ha trasladado al consejero una serie de "propuestas fiscales concretas que trascienden el marco competencial del Ejecutivo, ha explicado el Departamento de Azpiazu.
En concreto este grupo ha condicionado su apoyo a que haya una bajada de impuestos para "aliviar a las familias" ante la subida de precios de la energía, los combustibles y las hipotecas, según ha explicado su presidente, Carlos Iturgaiz.
"Para llegar a un acuerdo con PP+Cs hay que ir en la dirección" de gobiernos regionales del PP como los de Galicia, Andalucía y Madrid, que están bajando los impuestos para "dar un alivio fiscal a los ciudadanos", ha señalado.
El Ejecutivo vasco, ha añadido Iturgaiz, debe elegir entre el modelo fiscal del PP y el que defiende "el bloque de izquierdas", ya que ambos están "en las antípodas".
