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Artolazabal defiende motivos humanitarios para el tercer grado de "Fitipaldi"

La consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal ha expresado su respeto por la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de revocar el tercer grado concedido por el Ejecutivo vasco a 'Fiti'.

El etarra José María Arregi Erostarbe, "Fiti", a su llegada a un juicio contra él en la Audiencia Nacional en 2007 / EFE

Bilbao

La consejera vasca de Justicia, Beatriz Artolazabal, ha explicado que, aunque la Audiencia Nacional ha revocado el tercer grado concedido por el Gobierno autonómico al antiguo dirigente de ETA José María Arregi, 'Fiti', la propia Audiencia Nacional "propone o sugiere", a través de ese mismo auto de revocación, la posibilidad de que el exmiembro de la desaparecida organización terrorista pueda acceder al tercer grado por "cuestiones humanitarias".

Artolazabal, que ha comparecido ante los medios de comunicación tras la reunión semanal del Consejo de Gobierno, ha expresado su respeto por la decisión del juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional de revocar el tercer grado concedido por el Ejecutivo vasco a 'Fiti'.

La consejera ha reiterado este martes, en la misma línea que viene haciendo desde que el Gobierno Vasco asumió el año pasado las competencias penitenciarias contempladas en el Estatuto de Autonomía de Gernika de 1979, que la gestión de estas competencias por parte del Ejecutivo autonómico se guía por parámetros "rigurosos".

En este sentido, ha afirmado que su departamento mantiene una relación "estrecha" con los jueves y fiscales. "Es nuestra obligación para poder trabajar, desde la lealtad, con el objetivo de aplicar el reglamento y la ley penitenciaria de forma rigurosa", ha explicado.

Artolazabal ha realizado una nueva actualización de los datos sobre progresiones de grado --es decir, la transición de un preso de un régimen penitenciario más severo a otro menos estricto-- concedidas por el Gobierno Vasco.

32 progresiones de grado

De esa forma, ha informado de que, a propuesta de las juntas de tratamiento de las prisiones de Euskadi, el Ejecutivo ha concedido 32 progresiones de régimen penitenciario a presos que en su día pertenecieron a ETA, de las que dos han supuesto la concesión de la libertad condicional y diez, el acceso al tercer grado.

En el caso de estas diez progresiones al tercer grado, tres se han llevado a cabo sin que se haya planteado recurso alguno por parte de la Fiscalía, y cuatro se han aplicado tras haberse desestimado los recursos presentados en contra de dichas decisiones.

Otras seis propuestas de progresión han sido revocadas por la Audiencia Nacional, seis más están pendientes de resolución, y otras ocho podrían ser recurridas, ya que aún existe margen de tiempo para ello.

Trabajo "serio y riguroso"

La consejera ha defendido el trabajo "serio y riguroso" que realizan las juntas de tratamiento de las prisiones a la hora de plantear estos cambios en el régimen penitenciario de los reclusos, y ha recordado que las concesiones de progresiones de grado por parte del Gobierno Vasco se realizan a partir de los informes que trasladan los funcionarios que integran dichas juntas.

Además, ha subrayado que el Gobierno Vasco analiza cada resolución que emite la Audiencia Nacional ante estas progresiones. En el caso de las resoluciones que revocan decisiones adoptadas por el Ejecutivo vasco, ha asegurado que su departamento las estudia con el objetivo de "mejorar" a la hora de plantear las propuestas de progresión de grado de una forma "más exhaustiva" y para evitar que en el futuro se produzcan nuevos rechazos. "Estamos trabajando en ello", ha afirmado.

Rechazo a la "excepcionalidad"

Artolazabal ha rechazado "valorar" las decisiones de la Audiencia Nacional en torno a este tema. No obstante, ha afirmado que desde un punto de vista "político" el Ejecutivo vasco "no comparte las excepcionalidades penitenciarias" aplicadas a los reclusos de ETA, dado que tras el fin de la organización terrorista "estamos en otro tiempo".

Además, ha subrayado que todas las decisiones del Gobierno Vasco se adoptan de acuerdo al "cumplimiento riguroso de la ley penitenciaria" y están "justificadas".

En el caso de Erostarbe, ha precisado que la progresión de grado estaba motivada no solo por la evolución de su comportamiento en el centro penitenciario en el que cumple condena, sino también por razones "humanitarias", dado que se trata de un preso de más de 76 años de edad y que ha cumplido "casi en su totalidad" una condena "muy larga".

En este sentido, ha afirmado que el auto de la Audiencia Nacional referido a este presos consta de dos partes. En la primera de ella--según ha explicado-- se revoca la progresión de grado concedida por el Gobierno Vasco.

No obstante, Artolazabal ha explicado que en una segunda parte, el auto de la Audiencia Nacional "propone o sugiere" aplicar a este preso el artículo 114.4 del Reglamento Penitenciario para que la progresión a tercer grado se pueda hacer por "cuestiones humanitarias".

Este artículo del Reglamento Penitenciario señala que "los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su escasa peligrosidad".

Respecto a los 19 presos que en su día pertenecieron a ETA y que cumplen condena en cárceles alejadas de Euskadi, ha explicado que el Gobierno Vasco analiza las propuestas de traslado que le plantea la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que adopta una decisión en función de si los reclusos cumplen los requisitos, principalmente de arraigo, para aceptar su traslado a una cárcel vasca.

Además, ha rechazado que las prisiones de Euskadi tengan "un problema de capacidad" para poder acoger a reclusos procedentes de otras partes del Estado. La consejera ha recordado que su departamento ha rechazado hasta el momento cuatro peticiones de traslado a Euskadi de presos de ETA porque "no cumplían los requisitos".

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