Tapia, asesor penitenciario de Euskadi, y el fiscal de Vigilancia discrepan sobre las progresiones de grado a presos de ETA

Bilbao

El asesor del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, Jaime Tapia, y el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, han constatado este miércoles, en una jornada de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), sus "discrepancias jurídicas" en el tratamiento de los presos que en su día pertenecieron a ETA, aunque han coincidido en su voluntad de abordar estas diferencias de forma "constructiva".

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El debate entre ambos juristas se ha centrado en los criterios empleados para la concesión de progresiones de grado a los reclusos de la desaparecida organización terrorista, una medida contemplada en la legislación y que permite que cualquier preso que cumpla una serie de condiciones avance de un régimen penitenciario más severo a otro menos estricto.

El Gobierno Vasco, que a finales de 2021 asumió las competencias penitenciarias contempladas en el Estatuto de Autonomía de 1979, ha concedido desde entonces 32 terceros grados --un régimen que permite a los presos pasar el día fuera de la prisión, a la que han de regresar para dormir-- a reclusos de ETA, de los que 22 han sido recurridos por la Fiscalía. A raíz de dichos recursos, seis terceros grados han sido revocados por la Audiencia Nacional, mientras que en cuatro casos recurridos se ha mantenido la decisión del Gobierno Vasco y seis están pendientes de resolver.

Bautista

En su intervención, Bautista ha recordado que los requisitos para la progresión al tercer grado están regulados por los artículos de la Ley General Penitenciaria 72.5 --que establece que los presos han de hacer frente a las indemnizaciones pertinentes por sus delitos-- y 72.6.

Este último artículo indica que en los casos de condenados por terrorismo, deberán mostrar "signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios terroristas", y haber "colaborado activamente con las autoridades" para impedir otros delitos o esclarecer delitos pendientes de resolver.

Además, este artículo señala que el cumplimiento de estos requisitos "podrá acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la violencia, y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales que la rodean".

Bautista ha subrayado que el contenido de este artículo no se puede "diluir" ni "descafeinarse" con interpretaciones según las cuales la exigencia de una petición "expresa" de perdón a las víctimas y de un repudio de sus propios delitos, sean sustituidas por formulaciones "genéricas".

"La cuestión simbólica es más importante de lo que parece", ha afirmado, Bautista, quien ha precisado que a las víctimas "lo único que les queda" es que la persona que asesinó a uno de sus seres queridos "les diga lo siento en un carta". Este fiscal ha subrayado que esta es una cuestión "esencial", porque supone "romper una barrera" por parte de los reclusos que en su día pertenecieron a ETA, por lo que ha lamentado que la "mayoría" de ellos no den ese paso.

En todo caso, ha subrayado que las "discrepancias" que mantiene la Fiscalía con el Gobierno Vasco respecto a las progresiones de grado son "legítimas" y se sitúan en el plano "jurídico", por lo que no tienen nada que ver con cuestiones "políticas", pese a que --según ha dicho-- "a algunos sectores les gustaría que hubiera conflicto".

Por otra parte, ha lamentado las dificultades que se encuentra la Fiscalía a la hora de buscar la colaboración de los reclusos para esclarecer delitos de ETA pendientes de resolución. En este sentido, ha afirmado que se enfrentan con "un muro de una organización, se llame ahora como se llame, que impone" sus directrices a los presos.

Por su parte, Tapia ha explicado que el Gobierno Vasco está actuando "correctamente". En este sentido, ha subrayado que no se ha concedido ninguna progresión de grado que no haya sido propuesta previamente por los funcionarios que integran las juntas de tratamiento de las prisiones.

En el caso de las revocaciones de terceros grados por parte de la Audiencia Nacional, ha afirmado que el Ejecutivo autonómico las recibe desde una postura "constructiva", y que una vez analizado el contenido de dichas resoluciones, "trabaja" para tratar de adecuarse a los requerimientos que establece dicho tribunal.

"Intentamos aplicar el ordenamiento jurídico desde una clara perspectiva victimológica", ha manifestado. No obstante, y al contrario de la posición expresada por Bautista, ha afirmado que los escritos presentados por los reclusos cuya progresión de grado ha sido avalada por el Gobierno Vasco "no son formularios estereotipados", sino que se trata de textos "manuscritos individualizados" que han sido redactados por los propios internos.

Además, ha afirmado que cuando da el visto bueno a una progresión de régimen penitenciario, el Ejecutivo ha constatado la "veracidad y sinceridad" del contenido de tales escritos, para lo que se reclama un "análisis autocrítico" de su conducta por parte del recluso y el reconocimiento del daño causado a sus víctimas. "Cuando progresamos [de grado] a una persona, constatamos que existe una situación análoga a la petición de perdón, aunque no haya usado esa palabra concreta", ha añadido.

En este sentido, y al igual que hizo recientemente en unas jornadas de la Fundación Fernando Buesa, ha considerado que el requisito de la petición de perdón "no se debe utilizar como un tótem o tabú". Tapia ha explicado que una solicitud de perdón puede no ser sincera y responder solo a fines "utilitaristas". "Es preferible la constatación de un pesar genuino por el daño causado, asociada a un proceso de reflexión interior de cambio, se traduzca eso o no en la utilización de tal expresión", ha añadido.

Respecto a la exigencia de colaboración con la Justicia, ha señalado que el problema radica en que "no se puede verificar" qué es lo que sabe o no un recluso sobre un determinado delito. Además, ha subrayado la dificultad de "cohonostar" esta exigencia con el derecho constitucional de cada persona a no declarar contra sí misma.

Tapia ha considerado que esto supone un "muro" a la hora de recabar la colaboración de los presos, si bien ha afirmado que no se ha constatado que exista "una organización que dé instrucciones" a los presos para que actúen de esta forma.

En un acto previo a este debate, en la apertura de esta jornada, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, ha afirmado que la política penitenciaria no se puede emplear como "moneda de cambio". "No puede ser que el Derecho y la Política Penitenciaria se conviertan en la puerta de atrás del Derecho Penal, vaciando de contenido las condenadas", ha añadido.

Por su parte, el presidente Asociación Plataforma de Apoyo a las Victimas del Terrorismo (APAVT), Miguel Folguera, ha acusado al Gobierno de España de "traicionar" a las víctimas con los acercamientos de presos de ETA a prisiones de Euskadi y al convertir en EH Bildu en su "socio preferente". En contraste con esas críticas al Ejecutivo central, ha destacado la "empatía y cercanía" del Gobierno Vasco hacia los damnificados del terrorismo.

A su vez, el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación del Gobierno Vasco, José Antonio Rodríguez Ranz, se ha felicitado por los "avances" logrados en el reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo, aunque ha reconocido que queda "camino por recorrer". Además, ha defendido una Justicia "son atajos ni regímenes de excepción, y alejada del estruendo y la confrontación política".

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