Alfredo De Miguel, condenado por corrupción, representa al Gobierno vasco en foros oficiales
El Ejecutivo niega que le represente y asegura que ejerce las tareas propias de su cargo del que no se le puede apartar
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Alfredo de Miguel (d), acompañado por su abogado / David Aguilar EFE
Vitoria
El futuro de Alfredo de Miguel está desde hace meses en manos del Tribunal Supremo que no termina de resolver los recursos de los condenados por graves delitos de corrupción por el denominado Caso Miñano o Caso De Miguel.
El ex número dos del PNV en Álava, que da nombre a la causa y sobre el que pesa una condena de 13 años y 3 meses de prisión está, entre tanto, ejerciendo como coordinador del Grupo de Acción Local Pesquera, una entidad en la que participan las cofradías de Bizkaia y Gipuzkoa, vinculada a Hazi, sociedad dependiente del departamento de Desarrollo Económico, en la que De Miguel trabaja como técnico.
Según ha desvelado hoy el diario.es, el ex burukide actúa como "gerente" y ha recogido premios, impartido charlas, concedido entrevistas, encabezado delegaciones e incluso ha sido representante vasco en encuentros interterritoriales como coordinador de dicho órgano. Entre sus competencias están también la gestión de ayudas públicas y recibir denuncias sobre posibles fraudes en el sector.
El PSE pide apartale
"No es un gerente, ni representa al Gobierno vasco y las tareas que desarrolla son las propias de su puesto" ha asegurado fuentes del departamento que dirige la consejera Arantxa Tapia a la Cadena SER y que han añadido que "mientras no exista una setencia firme, la ley le ampara para continuar en la plaza en la que está".
Sin embargo, hasta el PSE, socio del PNV en el Ejecutivo vasco, ha pedido a Tapia que adopte las medidas oportunas para que De Miguel no desempeñe estas tareas de representación y ha recordado que el Gobierno cuenta con una comisión ética donde dirimir estas cuestiones.
En un tono más duro, se han expresado los grupos de oposición. EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP+Cs han criticado que un condenado pueda seguir trabajando en una sociedad pública. EH Bildu ha señalado que hechos como este ponen en evidencia "la nula voluntad de acabar con el amiguismo y las prácticas fraudulentas" del PNV.
En diciembre de 2019, la Audiencia Provincial de Álava condenó a De Miguel a 13 años y 3 meses de cárcel por delitos de tráfico de influencias, prevaricación, falsedad documental, malversación, asociación ilícita y blanqueo de capitales junto a otras 15 personas, entre ellas otros dos exdirigentes del PNV y el exdirector de Juventud del Gobierno vasco.
